Antes bien, responden, como los otros ocho asesinados en meses pasados, a una situación que requiere de mucho más que “una urgente y profunda revisión a los programas de protección a líderes campesinos”, como insistió la oficina en Colombia de las Naciones Unidas para los derechos humanos. Y que además no sólo tiene detrás a “gente que quiere detener la política del Gobierno para restituirles la tierra a los campesinos que fueron desplazados por la violencia”, como lo sugirió el presidente Juan Manuel Santos en Armenia. Lo que el país tiene ante sí, y no tiene sentido disminuir la magnitud del problema, es una situación de seguridad todavía no resuelta en el campo, con múltiples actores y complicadas dinámicas.
Cuando se dice, por ejemplo, que en Chivolo, Magdalena, el Incoder restituyó el dominio de predios que estaban en manos de testaferros de Jorge 40, se debe tener presente que esos testaferros, a pesar de que sea esa la figura jurídica correcta, no son de cuello blanco, o por lo menos no la mayoría. Los tales testaferros, de éste y de todos los demás líderes paramilitares, son milicianos rasos o colaboradores, que ahora ocupan esos predios con sus familias. No se trata, pues, solamente de grandes terratenientes cuyos intereses son contrarios a la reforma agraria y al desarrollo rural —que los hay, y varios— sino también de exparamilitares y demás copartícipes que han hecho allí su vida y que, al ser desalojados, quedan en un limbo con sus madres, mujeres e hijos. Esto no significa que no sean criminales y que no haya que restituir las tierras a sus legítimos propietarios, pero sí que el panorama es mucho más complejo que la mera restitución.
Resulta gratificante, sin duda, ver que personas que han sido despojadas de sus predios los estén recuperando y más aún que algunos de estos proyectos muestren ya desarrollos productivos promisorios. Pero si en paralelo no se piensa qué hacer con los ocupantes actuales, se pueden estar creando las condiciones para que regrese un bumerán violento de consecuencias insospechadas. Máxime si se tiene en cuenta que la desmovilización quedó frenada tras quedar sin piso jurídico por decisión de las altas cortes, primero porque no se aceptó —con razón— tratar a los exparamilitares como rebeldes y después —también con buenos argumentos— porque no se les concedió el principio de oportunidad. El Gobierno ha logrado ahora la Ley 1424, pero ésta no cobija amnistía ni reducción de penas para todos los crímenes y no son muy claros todavía sus beneficios, los cuales, si se pretende que los delincuentes se acojan a ellos, se deben determinar.
A todo esto, claro, hay que añadir que la Fuerza Pública no puede bajar la guardia y está obligada a utilizar todos los mecanismos en su poder para restablecer el control del territorio y desarticular las bandas criminales activas en muchas zonas. Sólo abordando el problema de manera integral va el país a poder realizar la reforma agraria que tanto necesita. No podemos pensar que el problema es de una sola dimensión, ni considerar antiprogresistas a quienes sugieren que no puede haber restitución en territorios que aún no controla el Estado o donde no puede ofrecer los mínimos de seguridad. El paso que está dando el país es crucial, pero no hay espacio para improvisar y menos aún para engañar a la población haciéndole creer que de lo que se trata es de casos aislados que se solucionarán con un par de escoltas de más.
Por El Espectador
