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10 Jun 2012 - 1:00 a. m.

Un problema mayor

En los próximos meses se cumplirá el término perentorio de ocho años que los paramilitares desmovilizados en el marco de Justicia y Paz deben cumplir en prisión.

El Espectador

 ¿El resultado de la justicia? Dos sentencias. Un número risible para la cantidad indeterminada (porque, claro, las cifras varían dependiendo de quien las emita) de presos desmovilizados que cumplen su período tras las rejas. Los procesos de verdad, justicia y reparación, tan importantes para sanar las heridas, no han sido satisfechos bajo ningún punto de vista.

La verdad no ha sido pronunciada, ya que muchos de estos presos no han rendido las versiones correspondientes. Justicia tampoco: la cifra de sentencias proferidas demuestra que los procesos realmente están colgados. Esto por un error flagrante de diseño jurídico: no aplicar criterios de priorización ni implementar comisiones de verdad en bloque generó parte de la congestión de hoy. Y reparación menos, porque las víctimas siguen sin saber, en muchos casos, qué fue lo que pasó. Los elementos constitutivos del espíritu del marco están ausentes.

Esto es muy grave. No se puede calificar de ninguna otra forma. A pesar de los factores mencionados, los efectos prácticos son muchísimo más devastadores: alrededor de 1.500 personas saldrán a la libertad sin haber pasado por un proceso judicial. ¿Qué harán? ¿Qué responsabilidad le cabe al Estado por esto? ¿Cuáles serán las primeras consecuencias de que queden libres? ¿Reingresarán a la sociedad?

En los tiempos de Ralito algunas personas previeron estos problemas. Pero ahora su dimensión real se ve más clara y aterradora que nunca. Los culpables son muchos. Primero, le cabe culpa a quienes diseñaron el instrumento: no sólo por ser, en un principio, una forma de favorecer demasiado a los paramilitares (asunto que en cierta medida logró corregirse posteriormente), sino también por la forma individual de impartir justicia. ¿De verdad creían que se iba a juzgar a todos los miembros de los grupos paramilitares?

La segunda culpa le cabe, claro, a los mismos delincuentes, quienes en muchas ocasiones se dedicaron a dilatar sus procesos, a no contar las verdades que el país necesitaba, a enredar los hechos con los que se pudiera tejer una verdad judicial. Ahora tienen su recompensa: la excarcelación masiva de la que serán sujetos. Y a menos de que se haga algo pronto, esto le caerá encima a Colombia como una avalancha.

Por último está el papel de la justicia y los entes investigadores. Las dos sentencias son la cifra escandalosa que deja muy mal parada la imagen de su eficacia.

Ahora aparecen escandalizados algunos políticos y funcionarios. El senador Roy Barreras, del Partido de la U, ha presentado un proyecto de ley que busca, a grandes rasgos, cerrar la salida de los 1.500 desmovilizados. ¿Es éste el mensaje que quieren darles a los demás actores armados que pretenden acogerse a un posible proceso de paz? ¿Cuál es la respuesta?

Los paramilitares, por su parte, se han asociado en las cárceles pidiendo de muchas maneras la interlocución con el Gobierno. Como un borrón y cuenta nueva, cosa que por supuesto no es seria de cara a la ciudadanía. El Gobierno tiene la responsabilidad de definir qué ocurrirá con estos procesos. No sólo por medio de las opiniones dispares de sus funcionarios, sino en una verdadera posición de Estado frente al tema. No podemos seguir ignorando la dura realidad de este proceso transicional fallido.

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