Un salvavidas para el río Bogotá

La idílica imagen de un río Bogotá recuperado se quedará en el papel si no hay voluntad política de todos los actores para llevar a cabo el ambicioso plan que trazó el Consejo de Estado. / El Espectador

Esta semana se firmó el convenio que da luz verde a la financiación de una de las principales obras que permitirán poner en marcha la tan esperada descontaminación del río Bogotá. Tras muchos años de espera, finalmente se empieza a aclarar, al menos en el papel, el panorama de las turbias aguas del afluente más contaminado del país. Aunque la noticia es positiva, apenas marca el comienzo de un largo proceso que tomará años y que solo podrá cumplirse si las autoridades superan la desidia que ha caracterizado nuestra relación con el río.

Han pasado 13 años desde el histórico fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó recuperar el río Bogotá. Diez años después, en el 2014, el Consejo de Estado ratificó esa decisión y les dio a las 72 entidades responsables, incluidos 46 municipios y seis ministerios, un plazo improrrogable de tres años para emprender las acciones necesarias para salvar el afluente.

A pesar de que el plazo se cumple este año, y que se ha avanzado muy poco para cumplir las 87 órdenes del Consejo de Estado, este lunes se dio un paso fundamental para llevar a cabo uno de los puntos más importantes: el Distrito, la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) y la Gobernación de Cundinamarca finalmente se pusieron de acuerdo en cómo reunir los $4 billones para construir la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Canoas. Actualmente, la PTAR Salitre –que está en proceso de ampliación– trata apenas el 35 % de las aguas negras que producen los bogotanos. Con la construcción de la PTAR Canoas, esa cifra llegará al 80 %, un avance significativo teniendo en cuenta que de los 46 municipios que atraviesa el río, Bogotá es, de lejos, su principal contaminante.

Desde hace décadas la capital del país no solo le ha dado la espalda al río, también se ha encargado de que los desechos de casi 10 millones de habitantes, más la contaminación de las curtiembres y los desechos industriales, lleguen a diario a sus aguas, convirtiéndolo en toda una tragedia ambiental y en un grave problema de salud pública.

En la firma del compromiso, el alcalde Enrique Peñalosa afirmó que con las obras proyectadas “en ocho años podremos ir a nadar al río Bogotá, a montar en canoa y que nos caiga agua en la cara”. No es la primera vez que un mandatario hace promesas poco realistas sobre el río, que no han resultado más que cantos de sirena. La idílica imagen de un río Bogotá recuperado se quedará en el papel si no hay voluntad política de todos los actores para llevar a cabo el ambicioso plan que trazó el Consejo de Estado que, entre otras cosas, busca permitir el uso de sus aguas con fines agropecuarios, integrar el río a la capital y cambiar el sentido de pertenencia que la gente tiene frente a él.

En este sentido, la Procuraduría ha asumido una importante labor de veeduría y aplaudimos el compromiso del procurador Fernando Carrillo, quien, en la audiencia pública de seguimiento a la sentencia del Consejo de Estado, afirmó que “las decisiones de la justicia para salvar al río no pueden terminar en agua que se va entre las manos de los funcionarios de la administración pública. Entidades que no cumplan al 100 % son entidades rajadas”. Y anunció que en noviembre expedirá las primeras sanciones. Carrillo también advirtió que será necesario vigilar de cerca los procesos de contratación para que “no se repitan experiencias como la de Odebrecht”, que obtuvo un contrato en la obra de Canoas con sus maniobras de corrupción.

Aunque es lamentable que las responsabilidades institucionales sólo surtan efecto cuando están próximas las sanciones, esperamos que el compromiso adquirido por el Distrito, la CAR y la Gobernación sea replicado por los demás municipios y entidades involucrados. Pero más allá de la mejora que significará la planta de Canoas, tratar las aguas contaminadas no solucionará el problema de raíz. Si la capital y los otros 45 municipios que están en el trazado del afluente no reducen la contaminación y abordan el problema del vertimiento indiscriminado de residuos, el futuro del río Bogotá seguirá empantanado.

 

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