No hay excusas que valgan para que el Gobierno nos hable de austeridad y de los sacrificios que nos exige la pandemia, y al mismo tiempo siga adelante en el gasto de $10.000 millones para comprar unas camionetas blindadas y para mejorar la imagen del presidente. Por más vueltas retóricas que se intenten, la realidad es que tenían en sus manos ver cómo parar la ejecución de esos contratos, y no lo hicieron. Es una cachetada a los colombianos y una incoherencia con la buena gestión que se ha intentado hacer desde la Casa de Nariño en esta pandemia.
Primero se conoció de la compra de 20 camionetas blindadas para renovar la flota que protege al presidente, la vicepresidenta y varios altos cargos del Gobierno. El monto asciende a $9.641 millones. Después, el pasado 30 de abril, se firmó un contrato por $3.350 millones para la “definición e implementación de la estrategia de imagen y posicionamiento online del presidente”. Sumados, estamos hablando de casi $13.000 millones que se gastarán en algo absolutamente accesorio en plena pandemia.
Para defender la compra de las camionetas, Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, dijo que es un proceso que se inició hace año y medio, que se hacía necesario porque los vehículos que se están usando ya cumplieron el tiempo recomendado de uso y que la compra “no comenzó ni fue mandada ni ordenada específicamente durante esta emergencia, por lo que solamente estamos hablando de una coincidencia desafortunada”. Algo similar dijo Hassan Nassar, consejero para las Comunicaciones, para justificar el contrato de imagen: “Son recursos establecidos en 2019 para gastos de 2020. No es algo nuevo, tampoco son recursos que vienen de la emergencia”. Y agregó que es un gasto en el que han incurrido todos los gobiernos.
Ambas explicaciones parecen sacadas de un mundo que ya no existe. Si bien es cierto que se trata de procesos que vienen de antes, ¿acaso el coronavirus no ha obligado a que todos los planes se reformulen y todos los gastos se cuestionen? En esas estamos todos. ¿Pretende la Presidencia escudarse en la inercia institucional para justificar inversiones cosméticas? ¿Cómo puede ser que en las alocuciones diarias se invite a los colombianos a apretarse el cinturón, a que las empresas hagan esfuerzos enormes por mantener las nóminas, y en la Casa de Nariño no puedan ver que las “coincidencias desafortunadas” envían mensajes dañinos a la sociedad?
Son tiempos extraordinarios y las excusas comunes ya no funcionan. Habla la Casa de Nariño de despilfarro en las regiones, pero cuando ocurre allí no había manera de evitar los gastos innecesarios. Es un doble rasero que afecta la imagen (¡vaya paradoja!) de una administración Duque que ha venido buscando con seriedad cómo aligerar las angustias económicas y de salud de los colombianos.
Seguro, en el marco de todo el gasto estatal que se está haciendo y será necesario, $13.000 millones no es un monto que vaya a solucionar la crisis. Pero cada peso cuenta. Y cada gesto vale el doble. Mientras hay hospitales con personal de salud en huelga, trapos rojos en las casas de personas con hambre, empresas quebrando y personas con temor por la incertidumbre, las decisiones que se toman en la Casa de Nariño tienen que ser coherentes. De lo contrario, estarán cacheteando a los colombianos, ni más ni menos.
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