Una iniciativa necesaria pero que en Colombia constituye un desafío de tales proporciones que debería ser objeto de un mayor raciocinio, sin dejar de reconocer su importancia para una sociedad que urge muchas explicaciones sobre su largo ciclo de violencia de todos los matices.
La primera reflexión tiene que ver con el camino andado. Hace cinco años, con el propósito de generar escenarios de apoyo al proceso de paz con las autodefensas, surgieron varios instrumentos de trabajo que hoy ofrecen resultados. Como la Ley de Justicia y Paz, que a pesar de sus dificultades para llegar a cosa juzgada posee un valioso inventario de confesiones, pruebas e incluso expedientes que han derivado en procesos paralelos de impacto nacional. O la Comisión Nacional de Reparación, que al margen de sus dificultades para satisfacer la meta trazada, puede mostrar un componente vigoroso y admirable: el Grupo de Memoria Histórica.
Una comisión de la verdad que no se apropie de estos materiales y los convierta en valioso insumo sería tanto como empezar de cero. Claro está que existen riesgos que, de alguna manera, el propio proyecto de ley contempla. Por ejemplo, de aprobarse, esta comisión no debe tener funciones judiciales, para que eventualmente no colisione con Justicia y Paz o se convierta en una nueva instancia o incluso en un salvavidas jurídico en la parapolítica o la farcpolítica. Es decir, sería una comisión con sentido sociológico; de ahí que los trabajos que está realizando el Grupo de Memoria Histórica deban ser soporte o parte integral de ella.
La ruta hacia una eventual comisión de la verdad promete de antemano ser una carrera de obstáculos. No faltan voces que la descalifican bajo el argumento de que sería agregarle más burocracia a un proceso de reconciliación que deja mucho que desear en materia de reparación y justicia. Otros, en cambio, la consideran obligatoria porque las nuevas generaciones tienen derecho a saber por qué Colombia terminó convirtiéndose en una nación de víctimas. Que puede reabrir heridas cerradas, es cierto; que su composición ya suscita suspicacias, es real. Pero seguir creyendo que la sociedad no está preparada para la verdad es subestimar la inteligencia colectiva.
En medio de la controversia, hay otro aspecto por considerar. El proyecto dice que la comisión de la verdad estudiaría los patrones, causas y circunstancias de la violencia ocurrida después de 1991. A todas luces se trata de una propuesta poco fundamentada. Expresiones como el paramilitarismo, la subversión, las violaciones a los Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública o el narcotráfico existen mucho antes de 1991. Y en pro de la verdad conviene contextualizar a fondo. Es necesario que las acciones ilícitas de todos los actores antes mencionados sean examinadas.
El tema promete discusión y argumentos. Ese, por ejemplo, fue el tono del Segundo Simposio Internacional de Memoria Histórica que, a instancias de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), la Fiscalía y otros organismos, se reunió en Medellín para evaluar cómo se aplica la justicia transicional en Colombia, de qué manera se están haciendo importantes los archivos de Derechos Humanos, cómo avanzar en los procesos de no repetición y, obviamente, qué utilidad tendría una comisión de la verdad. De entrada, dos frases del secretario ejecutivo de la comisión de la verdad en Perú, Javier Ciurlizza, resumen el desafío colombiano: “Sin memoria, la justicia es un cascarón legal. Sin memoria, la reparación es un programa de asistencia social”. Y la memoria es la invitación a la verdad.
Por El Espectador
