Una condena, por fin

De no ser por la cantidad de condenas que ya hay por el carrusel (24), y por la falta de apoyo político que tiene, el exalcalde seguiría diciendo que todo se trata de una persecución por parte de una rama politizada.

Ya es hora de que la obstrucción a la justicia cese y Bogotá sepa lo que sucedió con el cartel de la contratación.

El juez penal 14 de conocimiento no pudo ser más claro: Samuel Moreno y los concejales, funcionarios públicos y contratistas que lo acompañaron en su campaña política y con quienes desfalcó al Distrito deben ser llamados “hampones de cuello blanco” que se repartieron “como en una feria pública los dineros del Distrito”. Después de cinco años de dilaciones injustificadas, el exalcalde de Bogotá tendrá que pagar en 17 y 24 años de cárcel por cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Y aún quedan otros dos procesos en curso sobre su responsabilidad con otros hechos de corrupción.

Los hechos que motivaron la condena de Moreno son evidencia de la cultura de corrupción que se instauró durante su administración. Se trata del contrato del servicio de ambulancias que fue firmado en 2009 y por el cual varios funcionarios, exconcejales y contratistas del Distrito fueron juzgados por apropiarse del 9 % del valor total, que era por $67.000 millones. El juez consideró que existían pruebas sufrientes para determinar que el exalcalde recibió alrededor de $2.790 millones por irregularidades en la contratación en la Secretaría de Salud de Bogotá.

El principal testigo fue el exsecretario de Salud del Distrito Héctor Zambrano, quien está pagando 13 años de cárcel luego de aceptar su participación en estos hechos y quien detalló cómo era el encargado de llevarles los dineros a todos los involucrados.

Lo más frustrante es que esta condena no es más que la punta del iceberg. Como lo dijo el año pasado Emilio Tapia, excontratista que está cumpliendo 17 años de cárcel por lo ocurrido en la capital: “no vamos ni en la mitad del carrusel”.

En lo que concierne a Moreno, faltan los dos procesos más antiguos. Uno de ellos corresponde a la cesión de tres contratos de la Fase III de Transmilenio a los primos Nule en, según la Fiscalía, pago de favores del excalde por la ayuda que recibió durante la campaña a la Alcaldía de Bogotá. Ese caso ha sido tan complejo que ni siquiera se ha podido iniciar el juicio en contra de Moreno, pese a que existen declaraciones de los primos Nule, Emilio Tapia, Inocencio Meléndez y otros testigos estelares del carrusel de la contratación.

El otro caso tiene que ver con la entrega irregular de contratos en la reparación de la malla vial de Bogotá. Según la Fiscalía, Moreno habría permitido que se entregaran a diestra y siniestra dádivas para apropiarse de la contratación de la Unidad de Mantenimiento Vial. En teoría, el juicio por esos hechos comenzará el próximo 7 de abril.

Moreno es un recordatorio de lo difícil que es para la justicia del país funcionar en procesos que involucran a políticos y personas con poder. Su equipo de abogados se ha encargado, con éxito, de dilatar al máximo el inicio de las audiencias y, por ende, la discusión de fondo. De no ser por la cantidad de condenas que ya hay por el carrusel (24) y por la falta de apoyo político que tiene, el exalcalde seguiría diciendo que todo se trata de una persecución por parte de una rama politizada. ¿Cuál es el miedo que tiene de defenderse como cualquier colombiano en una audiencia?

Es importante que Bogotá y el país entero conozcan la verdad de lo que ocurrió durante la administración Moreno, pero sobre todo, que los responsables paguen por sus hechos. Un arma útil en contra de la corrupción que sigue ocurriendo hoy día es que la justicia sea contundente: pase lo que pase, no habrá impunidad para quienes se roban el dinero de los ciudadanos. El servicio público debe ser un trabajo honroso, no otra oportunidad de lucrarse. Los recursos son sagrados.

 

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