No hubo acuerdo sobre el salario mínimo, pero el Gobierno de Gustavo Petro decretó un aumento razonable que se conduele de la realidad macroeconómica del país sin dejar de lado la apuesta por tener sueldos más dignos. Curiosamente, la noticia que se robó los reflectores durante el anuncio fue que el presidente anunció estar abierto a proponer una nueva reforma tributaria e invitó al sector empresarial a participar. Si en este 2024 se logra seguir bajando la inflación, se tratará de un incremento real importante, pero queda la pregunta abierta de si un gobierno combativo podrá construir consenso en torno a medidas fiscales más ambiciosas.
La propuesta de los sindicatos era irracional: pusieron sobre la mesa un aumento del 18 % al salario mínimo. Al cierre de esta edición todavía estamos en vísperas del dato oficial sobre la inflación final en 2023, pero las proyecciones del Banco de la República la ubicaban entre 9,4 y 9,8 %. En ese sentido, la postura de los sindicatos era inmanejable. Un incremento tan grande del mínimo no solo hubiese afectado el empleo, sino que echaría por la borda la difícil tarea de control inflacionario que ha tenido el país en los últimos dos años.
Por fortuna el Gobierno Petro reconoció esto y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo que se incrementa el salario mínimo “a un monto de $1’300.000, es decir, un aumento aproximado del 12 %, y un incremento al auxilio del transporte a $162.000, el cual corresponde aproximadamente a un 15 %”. Por su parte, el presidente Petro recordó que “ha crecido el empleo, más de 800.000 puestos de trabajo en un año”, lo que demuestra que con el aumento del 16 % que tuvo el salario mínimo para 2023 (y una inflación del 13,1 % en 2022) creció el salario real “ y al crecer no tumbó el empleo”, señaló el mandatario. Tiene razón, pero también son importantes las señales de alerta, como una economía con muy bajo crecimiento y los gremios expresando dificultades para hacer negocios.
Lo que nos lleva al otro anuncio que se dio al terminar el año. El presidente Petro pidió discutir una nueva reforma tributaria, con la idea de “bajar la tasa de renta corporativa y subir la renta de personas naturales en sus grados más altos. De tal manera que la empresa se libere para poder competir y ser más productiva”. Esto, sin duda, en respuesta a los golpes que tuvo la pasada reforma en la Corte Constitucional. Estamos de acuerdo en que el estatuto tributario necesita futuras reformas, pero el país no puede estar aprobando un cambio fiscal cada dos años, práctica que viene desde las administraciones pasadas. Si el Gobierno Petro desea encaminarse en ese gran proyecto, un primer paso es cambiar su estrategia política: si no tiene un tono conciliador que construya consensos, pasará lo mismo que con las otras reformas que están en el Congreso. La administración ya no tiene tiempo para sumirse en caos y rencillas políticas a menos que quiera que su legado sea ese.
El año empieza, entonces, con buenas noticias económicas, pero la tensión de la incertidumbre sigue presente. Si el Gobierno sigue adoptando la prudencia y el diálogo, tendremos un 2024 de recuperación. Ese debería ser el norte.
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