11 Mar 2016 - 2:14 a. m.

Una elección incómoda

Tener un fiscal que no fue elegido por el conducto constitucional genera desconfianza, tanto en la ciudadanía como en el equipo de la Fiscalía.

El Espectador

Si se permite que la elección del nuevo fiscal general de la Nación se convierta en una estrategia política más dentro del ajedrez del Gobierno para la implementación del posconflicto, las voces que vienen insistiendo en que la justicia —y, particularmente, la Fiscalía— está politizada tendrán motivos para alimentar su retórica. A dos semanas de que Eduardo Montealegre Lynett termine su período, el presidente Juan Manuel Santos no ha presentado la terna de candidatos para reemplazarlo. Y aunque finalmente la Corte Suprema de Justicia llenó ayer las vacantes que tenía desde hace más de año y medio, ese mismo hecho muestra que su interés por una elección pronta y sesuda no parece ser muy fuerte. Mientras tanto, el discurso político se sigue polarizando.

La situación es la siguiente: según la Constitución, la CSJ debe elegir al nuevo fiscal general a partir de tres candidatos enviados desde Presidencia. Para eso se requieren 16 votos como mínimo. El problema hasta ayer radicaba en que la Corte, que en pleno debería constar de 23 magistrados, sólo tenía 17. Por fortuna, después de 20 meses de estar así, este jueves la CSJ escogió de los candidatos que había enviado el Consejo Superior de la Judicatura y llenó el vacío. Si bien es cierto que la Corte tiene potestad de hacer su propio reglamento y que no hay un límite de tiempo establecido para llenar las vacancias, ha sido irresponsable e injustificado que el alto tribunal no haya funcionado a marcha completa durante tanto tiempo. Todo, por cuestiones políticas y de intereses de sus magistrados.

La cosa va mucho más allá. Pues mientras eso ocurría en la Corte, el Gobierno Nacional tampoco parece muy preocupado por esta muy importante elección. ¿Por qué no se ha propuesto la terna de candidatos? Según fuentes que conocen del tema, la administración Santos se siente tranquila con la idea de que sea el actual vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, quien se convierta en el fiscal interino. Sin cuestionar los méritos profesionales de Perdomo, esa complacencia con no hacer nada es desconocer el diseño institucional de la Constitución.

Un precedente cercano debería darles pausa a los intereses del Gobierno. Cuando el exfiscal Mario Iguarán dejó el cargo, la CSJ estuvo 14 meses sin decidir sobre una terna enviada por el entonces presidente Álvaro Uribe. Eso significó que el entonces vicefiscal, Guillermo Mendoza Diago, asumiera la dirección de la Fiscalía por cerca de 15 meses. Tener un fiscal que no fue elegido por el conducto constitucional genera desconfianza, tanto en la ciudadanía como en el equipo interno del ente investigador.

La interinidad debe ser un mecanismo extraordinario y de corta duración. De lo contrario, es normal que las personas empiecen a cuestionar las motivaciones detrás de la permanencia de funcionarios que no fueron elegidos de manera adecuada. Ya el uribismo ha empezado a utilizar el argumento para mostrar la supuesta persecución en su contra. Si el Gobierno sigue poniendo por delante su conveniencia política antes que la idoneidad de quienes son llamados a ocupar cargos esenciales del Estado, esos discursos empezarán a ganar algún grado de validez. No, vale aclarar, porque no haya motivos para investigar a los exfuncionarios de los gobiernos de Uribe, sino porque es incómodo que las consideraciones para suplir cargos tan importantes sean políticas.

Presidente, esperamos que presente cuanto antes al país una terna de candidatos intachables. Un excelente fiscal es un aporte esencial para el éxito del posconflicto. Magistrados de la Corte, llenadas sus vacantes deben elegir con celeridad y sin más miramientos que su responsabilidad con el país. Demuéstrenle al país, ambos, que las instituciones son capaces de funcionar con eficiencia y transparencia, por encima de intereses políticos.

 

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