Una elección que vuela bajo el radar

Cualquier persona que desee trabajar en alguna de las ramas del poder público en Colombia, especialmente si va a ocupar un alto cargo, debe comprometerse con la transparencia total. Esto, que parece evidente, ha sido ignorado en el país por demasiados años, lo que nos tiene en la actual y justificada crisis de confianza en las instituciones. Por eso, es preocupante que haya una elección fundamental que viene volando bajo el radar de la opinión pública.

El Consejo Superior de la Judicatura debe realizar la selección de los nueve candidatos que harán parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y pondrán en marcha la segunda instancia para aforados. Esto, para resolver un debate (y una injusticia) que lleva muchos años pendiente en el país: ¿por qué los aforados no pueden, como todos los demás colombianos, ejercer su derecho a una segunda instancia?

Una de las quejas más recurrentes de los exfuncionarios condenados es que no pudieron defenderse adecuadamente por no existir segunda instancia en la CSJ. Con los nuevos magistrados, ese reclamo ya no tendrá espacio.

Los magistrados elegidos harán parte de dos nuevas salas: una de instrucción, integrada por seis magistrados, y otra de primera instancia, que contará con tres togados. La actual Sala Penal de la Corte Suprema será la segunda instancia.

Por eso, quienes resulten elegidos deben ser, como dijo el procurador, Fernando Carrillo, “juristas de las mayores calidades éticas y profesionales”. Sobre ellos recaerá el deber de revisar casos de alto impacto en el país, relacionados con los funcionarios considerados más importantes en el orden constitucional, y también deberán reconstruir la confianza de la ciudadanía en la Justicia, tan afectada por escándalos como el de Fidupetrol y el llamado cartel de la toga.

Nos unimos a ese llamado de la Procuraduría para que el proceso de selección sea riguroso, transparente y de cara a la ciudadanía. El Consejo Superior de la Judicatura debe realizar audiencias públicas, difundir ampliamente y con tiempo prudente las hojas de vida de los aspirantes y ser muy exigente con las personas que decide nominar.

Además, quienes pretendan ocupar esos cargos deben, sin necesidad de que alguien se los exija, publicar sus declaraciones de renta, contar sobre qué relaciones tienen con personas políticas y abstenerse de aplicar si hay incluso una mínima posibilidad de que su idoneidad sea cuestionada.

No podemos seguir siendo permisivos. Estos altos cargos deben ser ocupados por personas intachables que, además, comprendan que no llegaron allí para crecer profesionalmente, sino para servirle a la patria con total independencia. De lo contrario, seguiremos sumidos en la amargura de no creer en las instituciones que supuestamente nos protegen y hacen cumplir las leyes.

Esperamos que el Consejo Superior de la Judicatura dé ejemplo de celeridad y de su compromiso con la transparencia en la nominación de los nueve magistrados. Los esperan 349 indagaciones e investigaciones contra congresistas y 94 juicios que adelanta el alto tribunal.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Cualquier persona que desee trabajar en alguna de las ramas del poder público en Colombia, especialmente si va a ocupar un alto cargo, debe comprometerse con la transparencia total. Esto, que parece evidente, ha sido ignorado en el país por demasiados años, lo que nos tiene en la actual y justificada crisis de confianza en las instituciones. Por eso, es preocupante que haya una elección fundamental que viene volando bajo el radar de la opinión pública.

El Consejo Superior de la Judicatura debe realizar la selección de los nueve candidatos que harán parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y pondrán en marcha la segunda instancia para aforados. Esto, para resolver un debate (y una injusticia) que lleva muchos años pendiente en el país: ¿por qué los aforados no pueden, como todos los demás colombianos, ejercer su derecho a una segunda instancia?

Una de las quejas más recurrentes de los exfuncionarios condenados es que no pudieron defenderse adecuadamente por no existir segunda instancia en la CSJ. Con los nuevos magistrados, ese reclamo ya no tendrá espacio.

Los magistrados elegidos harán parte de dos nuevas salas: una de instrucción, integrada por seis magistrados, y otra de primera instancia, que contará con tres togados. La actual Sala Penal de la Corte Suprema será la segunda instancia.

Por eso, quienes resulten elegidos deben ser, como dijo el procurador, Fernando Carrillo, “juristas de las mayores calidades éticas y profesionales”. Sobre ellos recaerá el deber de revisar casos de alto impacto en el país, relacionados con los funcionarios considerados más importantes en el orden constitucional, y también deberán reconstruir la confianza de la ciudadanía en la Justicia, tan afectada por escándalos como el de Fidupetrol y el llamado cartel de la toga.

Nos unimos a ese llamado de la Procuraduría para que el proceso de selección sea riguroso, transparente y de cara a la ciudadanía. El Consejo Superior de la Judicatura debe realizar audiencias públicas, difundir ampliamente y con tiempo prudente las hojas de vida de los aspirantes y ser muy exigente con las personas que decide nominar.

Además, quienes pretendan ocupar esos cargos deben, sin necesidad de que alguien se los exija, publicar sus declaraciones de renta, contar sobre qué relaciones tienen con personas políticas y abstenerse de aplicar si hay incluso una mínima posibilidad de que su idoneidad sea cuestionada.

No podemos seguir siendo permisivos. Estos altos cargos deben ser ocupados por personas intachables que, además, comprendan que no llegaron allí para crecer profesionalmente, sino para servirle a la patria con total independencia. De lo contrario, seguiremos sumidos en la amargura de no creer en las instituciones que supuestamente nos protegen y hacen cumplir las leyes.

Esperamos que el Consejo Superior de la Judicatura dé ejemplo de celeridad y de su compromiso con la transparencia en la nominación de los nueve magistrados. Los esperan 349 indagaciones e investigaciones contra congresistas y 94 juicios que adelanta el alto tribunal.

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