Una esperanza para las víctimas del fondo Premium

Sorprendió la semana pasada, de manera positiva, la juiciosa decisión de la fiscal del caso sobre el Fondo Premium de Interbolsa, Alexandra Ladino, de retirar la solicitud de control de legalidad del principio de oportunidad que el entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, había otorgado a una de las cabezas del desfalco, Juan Carlos Ortiz. Y, si bien la fiscal Ladino está pendiente de conocer la posición que tome el fiscal general encargado, Jorge Perdomo, sobre el particular, es de suponer que en los próximos días idéntica suerte deba correr la aprobación del principio de oportunidad de Tomás Jaramillo, otro de los implicados.

De ser así, finalmente en este caso se habría puesto por delante la condición fundamental que puede justificar un principio de oportunidad: que las víctimas hayan recibido justa reparación del daño, lo que no ha ocurrido en este proceso y mucho menos por los dos confesos criminales de cuello blanco mencionados. Sin reparación a las víctimas no deberían haber beneficios.

Lo dijeron muy claro los propios familiares del tercer implicado en el desfalco, Víctor Maldonado, en una carta al bloguero de El Espectador Alberto Donadio hace unos días: “Ni Juan Carlos Ortiz, ni Tomas Jaramillo han aportado sus bienes, y se escudan en todos los bienes y empresas incautadas por el Estado a Víctor Maldonado Rodríguez, los cuales Jaramillo y Ortiz exhiben como si fueran propios y disponen mediáticamente, como si les hubieran pertenecido alguna vez”.

Ya en otra ocasión, y a propósito precisamente de declaraciones de los implicados sugiriendo que habían pagado el desfalco por completo, dijimos en este espacio que dar vía libre a un principio de oportunidad sin esa condición elemental de reparación a las víctimas lo convertiría más bien en un principio de impunidad. En ese entonces, reviraron supuestos defensores de la institucionalidad para señalar que el principio de oportunidad es una potestad de la Fiscalía para la resolución de los casos, ofreciendo beneficios a cambio de colaboración con la justicia, en un desprecio insólito hacia quienes perdieron sus ahorros de toda la vida, que son la mayoría de las víctimas de este desfalco.

Esa posición pretende ocultar lo que parece una clara estrategia de los acusados para que no se les juzgue por el delito más grave, y de esa manera poder aspirar, no solo a la posibilidad de pagar casa por cárcel, sino, peor, a que con esos dineros y esos bienes que han sabido ocultar puedan vivir a sus anchas o incluso retornar a sus negocios financieros manejados desde el computador, mientras las víctimas afectadas se olvidan de recuperar los dineros que les entregaron. Por el contrario, si la justicia no les otorga beneficios que a todas luces no merecen, habrá todavía la esperanza de que esa justicia pueda presionar hasta que aparezcan esos bienes que parecen haber sabido ocultar.

La decisión final la debe tomar —pues al menos otras dos semanas faltan para que la Corte Suprema de Justicia defina el nuevo titular— el fiscal general (e), Jorge Perdomo, quien en todas las formas y por distintos medios ha expresado en el pasado lo que es apenas obvio: que no habrá principio de oportunidad ni beneficios punitivos a los procesados sin que previamente exista una adecuada reparación a las víctimas.

Esa sola circunstancia garantizaría el sentido de la decisión que habrá de tomar. El país estará atento a conocerla y ratificar, por esa vía, que la Fiscalía no premiará a los delincuentes de cuello blanco responsables de la defraudación. 

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com

Sorprendió la semana pasada, de manera positiva, la juiciosa decisión de la fiscal del caso sobre el Fondo Premium de Interbolsa, Alexandra Ladino, de retirar la solicitud de control de legalidad del principio de oportunidad que el entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, había otorgado a una de las cabezas del desfalco, Juan Carlos Ortiz. Y, si bien la fiscal Ladino está pendiente de conocer la posición que tome el fiscal general encargado, Jorge Perdomo, sobre el particular, es de suponer que en los próximos días idéntica suerte deba correr la aprobación del principio de oportunidad de Tomás Jaramillo, otro de los implicados.

De ser así, finalmente en este caso se habría puesto por delante la condición fundamental que puede justificar un principio de oportunidad: que las víctimas hayan recibido justa reparación del daño, lo que no ha ocurrido en este proceso y mucho menos por los dos confesos criminales de cuello blanco mencionados. Sin reparación a las víctimas no deberían haber beneficios.

Lo dijeron muy claro los propios familiares del tercer implicado en el desfalco, Víctor Maldonado, en una carta al bloguero de El Espectador Alberto Donadio hace unos días: “Ni Juan Carlos Ortiz, ni Tomas Jaramillo han aportado sus bienes, y se escudan en todos los bienes y empresas incautadas por el Estado a Víctor Maldonado Rodríguez, los cuales Jaramillo y Ortiz exhiben como si fueran propios y disponen mediáticamente, como si les hubieran pertenecido alguna vez”.

Ya en otra ocasión, y a propósito precisamente de declaraciones de los implicados sugiriendo que habían pagado el desfalco por completo, dijimos en este espacio que dar vía libre a un principio de oportunidad sin esa condición elemental de reparación a las víctimas lo convertiría más bien en un principio de impunidad. En ese entonces, reviraron supuestos defensores de la institucionalidad para señalar que el principio de oportunidad es una potestad de la Fiscalía para la resolución de los casos, ofreciendo beneficios a cambio de colaboración con la justicia, en un desprecio insólito hacia quienes perdieron sus ahorros de toda la vida, que son la mayoría de las víctimas de este desfalco.

Esa posición pretende ocultar lo que parece una clara estrategia de los acusados para que no se les juzgue por el delito más grave, y de esa manera poder aspirar, no solo a la posibilidad de pagar casa por cárcel, sino, peor, a que con esos dineros y esos bienes que han sabido ocultar puedan vivir a sus anchas o incluso retornar a sus negocios financieros manejados desde el computador, mientras las víctimas afectadas se olvidan de recuperar los dineros que les entregaron. Por el contrario, si la justicia no les otorga beneficios que a todas luces no merecen, habrá todavía la esperanza de que esa justicia pueda presionar hasta que aparezcan esos bienes que parecen haber sabido ocultar.

La decisión final la debe tomar —pues al menos otras dos semanas faltan para que la Corte Suprema de Justicia defina el nuevo titular— el fiscal general (e), Jorge Perdomo, quien en todas las formas y por distintos medios ha expresado en el pasado lo que es apenas obvio: que no habrá principio de oportunidad ni beneficios punitivos a los procesados sin que previamente exista una adecuada reparación a las víctimas.

Esa sola circunstancia garantizaría el sentido de la decisión que habrá de tomar. El país estará atento a conocerla y ratificar, por esa vía, que la Fiscalía no premiará a los delincuentes de cuello blanco responsables de la defraudación. 

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