Una Navidad en luto

La violencia en Colombia sigue sin dar tregua. Pese a los notables avances de la Fuerza Pública y entidades como la Fiscalía, siguen ocurriendo tragedias que no deberían pasar en un país en paz. Esta semana que termina, mientras el país estaba en un momento de celebración y reflexión, hubo dos asesinatos que nos recordaron todo el trabajo que falta por hacer.

Primero llegó la noticia de una pareja de ambientalistas. Nathalia Jiménez y Rodrigo Monsalve iban de Santa Marta hacia Palomino (La Guajira) cuando desaparecieron. El lunes pasado fueron encontrados amarrados a un árbol y con tiros en la cabeza. Una imagen tétrica que evoca los peores símbolos del conflicto en Colombia.

Las investigaciones posteriores de la Fiscalía invitan a pensar de que se trató de un robo, aunque al momento del cierre de esta edición no se descartan otras posibilidades. El jueves, el ente investigador imputó a Giovanny Abelardo Ortiz Calderón los cargos de homicidio agravado, secuestro, porte ilegal de armas y hurto. Ortiz había confesado ser partícipe del crimen y la información que aportó permitió la captura de otras tres personas.

El actuar eficiente de las autoridades es de celebrar. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció la creación de “un equipo mixto de policía judicial de la Sijín y del CTI para lograr clarificar los hechos”. Esperamos que pronto la familia de Jiménez y Monsalve puedan entender lo ocurrido. Sin embargo, queda el sinsabor de que no se pudo evitar la tragedia.

Lo mismo puede decirse de Lucy Villarreal. La lideresa social, que era parte de la Fundación Cultural Indoamericanto, fue asesinada el 24 de diciembre. Después de terminar un taller con niños en una institución educativa, ubicada en el corregimiento de Llorente, del distrito de Tumaco, Villarreal habría sido abordada por hombres armados sin identificar. Se trata de una historia que hemos visto a menudo en estos últimos años en Colombia.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez hizo preguntas pertinentes en su cuenta de Twitter: “¿Quién asesinó a Lucy Villarreal mientras sus hijos la esperaban para la Navidad? ¿Por qué la gente tiene miedo de hablar?”. Si bien las autoridades son las encargadas de contestar la primera pregunta, la segunda, tristemente, ya tiene una respuesta: el Estado no ha podido controlar todo el territorio nacional.

Algo similar dijo recientemente, en su rendición de cuentas, el consejero presidencial en Derechos Humanos y Relaciones Internacionales, Francisco Barbosa. Hablando de los asesinatos de líderes sociales que, dice, se han reducido en un 25 % con respecto a 2018, Barbosa explicó que “se sigue confirmando que estos crímenes ocurren en municipios con alta presencia de grupos armados, donde, además, están luchando por el control de las rutas de narcotráfico. Zonas con aumento de cultivos de coca y al mismo tiempo minería ilegal”.

El consejero habla con optimismo: la Fiscalía ha reducido los niveles de impunidad en esos casos y la Unidad Nacional de Protección tiene a más personas bajo su cuidado. Sin embargo, no ha sido suficiente. La muerte de Villarreal es una lamentable evidencia de todo el trabajo que está pendiente.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Por favor, considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.

La violencia en Colombia sigue sin dar tregua. Pese a los notables avances de la Fuerza Pública y entidades como la Fiscalía, siguen ocurriendo tragedias que no deberían pasar en un país en paz. Esta semana que termina, mientras el país estaba en un momento de celebración y reflexión, hubo dos asesinatos que nos recordaron todo el trabajo que falta por hacer.

Primero llegó la noticia de una pareja de ambientalistas. Nathalia Jiménez y Rodrigo Monsalve iban de Santa Marta hacia Palomino (La Guajira) cuando desaparecieron. El lunes pasado fueron encontrados amarrados a un árbol y con tiros en la cabeza. Una imagen tétrica que evoca los peores símbolos del conflicto en Colombia.

Las investigaciones posteriores de la Fiscalía invitan a pensar de que se trató de un robo, aunque al momento del cierre de esta edición no se descartan otras posibilidades. El jueves, el ente investigador imputó a Giovanny Abelardo Ortiz Calderón los cargos de homicidio agravado, secuestro, porte ilegal de armas y hurto. Ortiz había confesado ser partícipe del crimen y la información que aportó permitió la captura de otras tres personas.

El actuar eficiente de las autoridades es de celebrar. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció la creación de “un equipo mixto de policía judicial de la Sijín y del CTI para lograr clarificar los hechos”. Esperamos que pronto la familia de Jiménez y Monsalve puedan entender lo ocurrido. Sin embargo, queda el sinsabor de que no se pudo evitar la tragedia.

Lo mismo puede decirse de Lucy Villarreal. La lideresa social, que era parte de la Fundación Cultural Indoamericanto, fue asesinada el 24 de diciembre. Después de terminar un taller con niños en una institución educativa, ubicada en el corregimiento de Llorente, del distrito de Tumaco, Villarreal habría sido abordada por hombres armados sin identificar. Se trata de una historia que hemos visto a menudo en estos últimos años en Colombia.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez hizo preguntas pertinentes en su cuenta de Twitter: “¿Quién asesinó a Lucy Villarreal mientras sus hijos la esperaban para la Navidad? ¿Por qué la gente tiene miedo de hablar?”. Si bien las autoridades son las encargadas de contestar la primera pregunta, la segunda, tristemente, ya tiene una respuesta: el Estado no ha podido controlar todo el territorio nacional.

Algo similar dijo recientemente, en su rendición de cuentas, el consejero presidencial en Derechos Humanos y Relaciones Internacionales, Francisco Barbosa. Hablando de los asesinatos de líderes sociales que, dice, se han reducido en un 25 % con respecto a 2018, Barbosa explicó que “se sigue confirmando que estos crímenes ocurren en municipios con alta presencia de grupos armados, donde, además, están luchando por el control de las rutas de narcotráfico. Zonas con aumento de cultivos de coca y al mismo tiempo minería ilegal”.

El consejero habla con optimismo: la Fiscalía ha reducido los niveles de impunidad en esos casos y la Unidad Nacional de Protección tiene a más personas bajo su cuidado. Sin embargo, no ha sido suficiente. La muerte de Villarreal es una lamentable evidencia de todo el trabajo que está pendiente.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Por favor, considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.