Una oportuna lección

FUERON TRES LOS ALFILES DEL URIBISMO condenados por la Corte Suprema de Justicia en el famoso caso de la “compra” de la reelección presidencial en tiempos de Álvaro Uribe Vélez: once años después de sucedidos los hechos la justicia, por fin, se pronuncia al respecto.

El caso, como podemos recordar la mayoría de colombianos, se centra en la entrega de dádivas a los entonces congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño para que dieran vuelta a su parecer a la hora de votar el acto legislativo que cambiaría la Constitución, en el ya lejano año 2004, para darle vida en el país a la institución nefasta de la reelección inmediata, que tantos dolores de cabeza nos ha causado.

La Corte concluyó que dos exministros, Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, en conjunto con el exsecretario Alberto Velásquez Echeverry, actuaron mancomunadamente para garantizar la aprobación del trámite legislativo en el Congreso, haciendo una serie de ofrecimientos de cargos a esos dos parlamentarios. La Corte dio veracidad a los testimonios de Medina en el sentido de que fue el presidente de la República de la época, el hoy senador Uribe Vélez, quien le hizo directamente los ofrecimientos burocráticos. La finalidad, de acuerdo con el alto tribunal, fue la de incidir en el ejercicio de las funciones constitucionales que corresponden al Congreso. Yendo un poco más lejos, se trata de una forma de corromper las conciencias de quienes allí tienen la misión de velar por un interés más grande, no uno personal. Asimismo, y para finalizar el resumen de esa sentencia, la Corte descartó la posibilidad de que estos tres señores paguen su pena con prisión domiciliaria: eso sería, de acuerdo con la sentencia, un mensaje nefasto para la sociedad.

Este espacio ha servido en un par de ocasiones para decir lo que hoy resulta evidente: es muy complicado ese círculo de funcionarios condenados que se teje tan cerca del expresidente Uribe. Ya es, quizá, demasiado cerca. A estas alturas luce inconcebible que el hoy senador no tuviera en su momento un conocimiento (mínimo, al menos) de tantas actividades ilícitas alrededor suyo que la justicia hoy condena. No mucho de esto pudo hacerse “a sus espaldas”. Antes bien, la evidencia tiende a indicar, como en este caso, que no solamente fue bajo su tutela sino, peor aun, bajo su comando. Al menos eso podemos extraer de la confesión de Medina, a quien la Corte le dio la razón.

No nos queremos quedar ahí, sin embargo. Mucha es la tinta que ha corrido dándole eco a esta teoría. Lo que sí nos parece, ante la indignación de amplios sectores frente al gobierno de Álvaro Uribe por este reciente fallo, es que esta manera de proceder que hoy condena la justicia, esa interrupción del “ejercicio de las funciones constitucionales que corresponden a la Rama Legislativa”, ese aprovechamiento del poder para incidir en procesos que deberían ser mucho más limpios, es una cuestión que muchas veces pasa de agache. Más fácil: son muchas las ocasiones en que esto se da casi como una regularidad en las actuaciones de los servidores públicos en Colombia. Una cosa del día a día, mejor dicho.

Para poder tener una sociedad más decente es necesario que este fallo se tome como ejemplo para el futuro: esto que hicieron estos tres señores fue ilegal y merece el castigo por parte de la justicia. Esas prácticas, corrientes muchas veces, deben ser eliminadas. Si de algo puede servir este precedente, mucho más allá de la polarización que genere en la opinión pública, es como mensaje para quienes piensen en cometer conductas similares. No más de eso, por favor.

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