Ha dicho el primer mandatario que Coronell omitió hacer la denuncia sobre un posible delito y decimos posible, claro, porque de lo contrario el Presidente se estaría algo menos que autoincriminando.
Sobre la acusación en sí, ya el propio Coronell y varios juristas consultados en estos días han destacado que el cohecho no está entre los delitos que un particular está obligado a denunciar. Pero más allá de la letra del Código Penal, de hasta dónde pueda llegar la Fiscalía en la investigación que le solicita el Presidente de la República y de cuál fue la declaración textual del primer mandatario en su declaración ante la Comisión de Acusación de la Cámara el pasado jueves, el hecho representa de entrada una intromisión inaceptable en la labor de los periodistas y un ataque velado al sagrado derecho al secreto profesional que protege a la prensa libre y es garantía para su función fiscalizadora.
Lo más preocupante de todo, sin embargo, es que no parece ser simplemente una salida en falso coyuntural del presidente Uribe. En el ambiente de polarización insoportable en que ha caído el país por la lucha de poder en que se ha convertido la relación entre las ramas Ejecutiva y Judicial por cuenta de las investigaciones de la para, farc y yidispolítica, parece querer tomar carrera en el país la intención de, primero, alinear a la prensa en uno u otro bando en esa disputa perversa y, segundo, imponer restricciones al periodismo para hacer su trabajo.
No se puede desligar, en efecto, la petición del Presidente con la igualmente insólita referencia que hizo en un comunicado en días recientes la Corte Suprema de Justicia a los que ha llamado “formadores de opinión”, a quienes “exhorta enérgicamente a cumplir el deber constitucional de ofrecer información veraz, e imparcial, sustentada en el estudio serio, ponderado y responsable de cada tema, como conviene a los elevados intereses de la Nación, sin asumir la posición de contradictor o contraparte que a ningún columnista otorga la Corte”.
No a lugar a ese llamado de atención en clara respuesta a opiniones libres sobre sus actuaciones o a publicaciones de hechos sucedidos alrededor de sus investigaciones. Y mucho menos al señalamiento que de los periodistas hace la misma Corte Suprema, en su carta de respuesta a la Corte Penal Internacional, al decir que su trabajo independiente tiene “el propósito de torpedear las investigaciones”.
Sintomático también del ambiente hostil al trabajo libre de la prensa son los procesos que se siguen contra algunos columnistas de prensa, en particular porque avanza ya en la etapa del juicio contra Alfredo Molano por un escrito en el que criticó las cuestionables prácticas de los que denominó “notables” de Cartagena y Valledupar, al igual que la citación a varios periodistas en calidad de testigos por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y de la Comisión de Acusación de la Cámara, para corroborar diversos hechos contenidos en notas periodísticas, con la velada intención de que violen el secreto profesional que estos organismos de justicia deberían proteger.
No se trata aquí, por supuesto que no, de plantear la infalibilidad de los periodistas, ni mucho menos su inmunidad ante la ley. Excesos se cometen, quién lo va a negar, y existen en la legislación suficientes normas a las que pueden acudir quienes se sienten agredidos más allá de lo permitido en la defensa de su buen nombre. Pero acudir a ellas para pretender tipificar el delito de opinión, para abolir la inviolabilidad del secreto profesional o sencillamente para intentar alinear al periodismo en las disputas de poder según lo que publican u opinan en favor o en contra de unos u otros es desconocer de plano la función de control social que ejerce la prensa libre en una sociedad democrática.
Preocupante y peligroso, pues, que hoy en Colombia, como tantas veces en la historia, parezca estar renaciendo la tesis de que hay que ejecutar al mensajero porque es portador de malas noticias. Esa sí que resulta una pésima noticia para la salud de nuestra democracia.
Por El Espectador
