Al final de la semana, en la clausura de la convención anual del gremio asegurador, el Presidente reiteró la iniciativa: “Pedimos que nos ayuden a elaborar el proyecto de ley de lo que será el seguro de desempleo para los sectores de menores ingresos laborales, que aspiramos en las próximas semanas presentar ese proyecto”, dijo.
Pocos detalles se conocen sobre el proyecto legislativo en ciernes. El Presidente afirmó que el seguro será pagado por los trabajadores. Los empleadores, en su opinión, no pueden asumir el costo pues ya tienen muchos impuestos a la nómina. Y el Gobierno tampoco puede hacerlo pues ya tiene muchos compromisos fiscales.
Muchas dudas persisten sobre la iniciativa presidencial. Colombia tiene actualmente una tasa de informalidad laboral muy alta, superior a 50%. Para la población más pobre la tasa supera el 80%. Esta circunstancia, por sí sola, hace muy difícil la puesta en práctica de un seguro de desempleo. Para que el seguro funcione, los aseguradores tienen que ser capaces de verificar si la persona que reclama el pago está efectivamente desempleada y deben, además, estimular la búsqueda de trabajo por parte de los desempleados. Estas actividades son difíciles, por no decir imposibles, en la presencia de altas tasas de informalidad. Por tal razón, los seguros de desempleo generalmente no funcionan en economías que no han logrado formalizar sus relaciones laborales.
Además, el seguro no cubriría a los dos millones y medio de desempleados actuales. Ninguna prima realista podría garantizar el cubrimiento retroactivo del esquema. Tampoco se sabe si el seguro va a ser obligatorio o voluntario. Si es voluntario, tendría que lidiar con un problema enorme de selección adversa: sólo los más propensos a quedar desempleados, lo tomarían. Si es obligatorio, el problema sería cómo garantizar el pago de la prima, especialmente el pago por parte de los trabajadores informales. Si para evitar este problema el seguro se limita a los trabajadores formales, no serviría, entonces, para proteger los ingresos de la población pobre. En fin, los obstáculos son enormes. Y el Gobierno no ha dado una sola idea sobre cómo superarlos.
El presidente Uribe mencionó a las Cajas de Compensación como posibles administradoras del seguro. Pero no dijo claramente si las Cajas deberían usar parte de sus recursos para financiar la iniciativa. Al respecto, es preciso recordar que la Ley 789 de 2002, conocida en el país como la Reforma Laboral, obligó a las Cajas a poner en práctica un seguro de desempleo para sus ex afiliados (la Corte después lo extendió a todos los desempleados). Este esquema fracasó por falta de plata y por una serie de problemas administrativos. En suma, el último intento por implantar un seguro de desempleo en el país no funcionó.
Probablemente el seguro de desempleo no será más que una idea suelta. Pero lamentablemente desvía la discusión, aplaza un debate prioritario. Como señaló el gerente del Banco de la República hace unos días, el país ha destruido casi 500 mil empleos asalariados en cuestión de meses, el empleo formal para los trabajadores sin educación superior no crece hace una década, la informalidad es muy alta en el contexto regional, etc. Todos estos hechos sugieren que en lugar de proponer esquemas compensatorios, posiblemente inviables, el Gobierno debería concentrar sus esfuerzos en las políticas laborales. Lo que necesita el país en este momento no es un seguro de desempleo, es una política de empleo.
Por El Espectador
