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A propósito del severo impacto negativo que ha tenido la pandemia sobre el empleo, un grupo de economistas y otros profesionales, entre los que se cuentan varios exministros y altos exfuncionarios, ha lanzado una propuesta dirigida al Gobierno central, los gobiernos locales, empleadores, partidos políticos y líderes laborales, encaminada a generar empleo de emergencia durante la duración de la pandemia. Si bien las propuestas de flexibilización laboral han generado críticas muy válidas sobre el grado de sacrificio de cada quien en la emergencia, celebramos el sentido de urgencia de esta propuesta que ojalá abra una discusión necesaria para aliviar este golpe sobre el empleo.
El impacto del COVID-19 sobre el mercado laboral colombiano ha sido devastador. La tasa de desempleo promedio pasó del 10,2 % en septiembre de 2019 al 15,8 % en septiembre de 2020 (1,3 millones más de desempleados), mientras que la tasa de participación pasó del 62,8 % al 60,1 % (1,2 millones más de inactivos), situación que ha afectado más a las mujeres y a los jóvenes.
Sin que la propuesta presentada sustituya la necesidad de emprender las grandes reformas de carácter estructural que se requieren para dinamizar en forma sostenible la economía y el empleo, los impulsores sugieren medidas temporales que, según sus cuentas, podrían generar un millón de empleos durante un año. Estas contemplan la creación de brigadas de trabajo que ejecuten pequeñas obras públicas intensivas en trabajo en todo el país para reparar vías, cuidar los bosques de la deforestación, reforzar la enseñanza de los niños, pintar y refaccionar colegios y edificios públicos, ofrecer conciertos de entrada libre, arreglar y recuperar parques, que los deportistas den clases y así. Estos proyectos los adelantarían los gobiernos locales dándoles prelación a mujeres, jóvenes y mayores que no reciban otras ayudas del Estado o quieran suspenderlas temporalmente. Los recursos provendrían mayoritariamente del Gobierno nacional y los proyectos los presentarían los gobiernos locales, que aportarían de su presupuesto no menos del 30 % del costo. Se estima que se podrían generar 500.000 empleos de esta forma.
La iniciativa también contempla una flexibilización temporal del mercado laboral durante el tiempo que dure la pandemia, dado que una de las dificultades para generar empleo formal es la baja flexibilidad de los contratos. Hasta que se supere la pandemia, proponen relajar temporalmente las condiciones de la siguiente manera: (i) Se pagaría el 80 % del salario mínimo y la totalidad de la salud y el seguro de riesgos profesionales. (ii) No se pagarían los aportes a pensiones o se haría en función de las horas trabajadas, y tampoco a las cajas de compensación. (iii) La terminación por justa causa se haría con una indemnización equivalente a dos días por mes. Estas condiciones de emergencia, que se espera que generen 350.000 puestos de trabajo, solo aplicarían para nuevos empleos generados por el sector privado a partir de septiembre de 2020 y hasta que termine la emergencia de la pandemia. Para potenciar el impacto generador de empleo de estas iniciativas, se sugiere que el Gobierno acelere la inversión pública en las vías terciarias que adelanta, manteniendo hasta tres turnos si es necesario (150.000 empleos).
Se han escuchado razonables críticas a que el peso mayor del sacrificio se plantee para los trabajadores, pero el hecho es que si no se hace algo ambicioso para recuperar en el menor tiempo posible esos 2,5 millones de empleos perdidos, no solo aumentaría la participación del empleo informal sino que también las condiciones de este serían más precarias que las que había antes de la pandemia.
Esperamos que estas propuestas den lugar a un diálogo entre sindicatos, gobiernos, empresarios y grupos representativos de la población para ponerlas en práctica, afinadas, si eso es lo que surge de la discusión.
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