Se espera que hoy el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Tim Geithner, anuncie reformas al sistema regulatorio norteamericano. En Gran Bretaña, Alistair Darling, ministro de Economía, pronunciará un discurso sobre reforma financiera. Y al final de la semana, los líderes de la Unión Europea discutirán los mismos temas en una cumbre.
Mientras los líderes mundiales procuran construir un cuidadoso consenso internacional sobre las nuevas regulaciones financieras, que impidan una repetición de la actual crisis, en Colombia las autoridades económicas han decidido hundir el acelerador para hacer aprobar a las volandas el proyecto de reforma financiera en esta última semana de la legislatura.
El proyecto se había presentado al Congreso a principios del año pasado, antes de que estallara la crisis financiera en Estados Unidos. Después de su aprobación en las comisiones económicas, y ante la súbita agudización de la crisis, el Gobierno y los parlamentarios acordaron hacer una pausa en el trámite para evaluar las implicaciones que sobre Colombia podrían tener, no sólo la crisis, sino el nuevo marco regulatorio mundial. Pero ahora, sin que haya aún un acuerdo internacional sobre regulación financiera, y sin introducir ningún cambio de fondo al articulado original que atienda las nuevas realidades mundiales, las plenarias de Senado y Cámara están a punto de aprobarlo.
Para comenzar, sus principales capítulos ni siquiera son de índole financiero. Tienen que ver con importantes aspectos del sistema de seguridad social, como la introducción del sistema de multifondos en el régimen pensional privado, que permitirá a los ahorradores escoger entre un menú de alternativas de inversión para sus cuentas de ahorro individual, y la introducción de los Beneficios Económicos Periódicos (Beps), para aquellas personas cuyos ahorros pensionales no les alcanzan hoy para hacerse a una pensión mínima. Temas cruciales, sin duda, pero no propios de una reforma al Estatuto Financiero, sino a la Ley 100.
Quizá el punto mejor desarrollado en el articulado es el que tiene que ver con la protección al consumidor: se precisan las obligaciones de las entidades financieras en materia de información al público, se endurece el régimen contra las prácticas abusivas y se dota al defensor del consumidor financiero de nuevas facultades. Con el mismo propósito se incorporan al universo de la regulación y vigilancia financiera negocios como los de los giros nacionales y las tarjetas prepago de las grandes cadenas comerciales, que hasta ahora estaban excluidas de la lista de entidades vigiladas, a pesar de tratarse de importantes modalidades de manejo de recursos del público. Por eso es paradójico que se desmonten los controles de otros negocios, como los seguros exequiales, que ya no podrán ser explotados por las compañías de seguros sino por sociedades comerciales o cooperativas no vigiladas.
También, sin mayor debate, se reviven normas que habían sido derogadas en la crisis del grupo Grancolombiano, como la que autoriza a los bancos a otorgar préstamos para realizar operaciones dirigidas a adquirir el control de otras sociedades o asociaciones.
Los artículos finales del proyecto están llenos de curiosidades, por decir lo menos: condonaciones de deudas a ciertos sectores agrícolas, beneficios a los reforestadores, tratamientos especiales a las microempresas, entre otras. Nadie ha explicado públicamente a qué obedecen estas disposiciones, cuál es su propósito de interés público y qué hacen en una reforma al Estatuto Financiero. Dentro de pocos meses, cuando ya se haya construido un consenso mundial en torno a una nueva regulación financiera, los colombianos consideraremos el apresurado trámite de esta reforma financiera como una auténtica oportunidad perdida.
Por El Espectador
