La reforma política no debe aprobarse mediante la aplanadora del Gobierno. Y mucho menos debe permitirse que se lea como varios congresistas la caracterizaron hablando con El Espectador: “Es una reforma hecha a la medida del Pacto Histórico”. Sí, Colombia necesita mejorar las reglas de juego de la democracia y varias de las medidas propuestas son muy útiles, aunque generen escozor en ciertas fuerzas políticas, como las listas cerradas y la financiación estatal de las campañas. Lo que es inaceptable es que el partido de gobierno fomente y haga aprobar medidas que lo van a beneficiar directamente en las elecciones locales de 2023 y en las nacionales de 2026. Una reforma con nombres propios sería un fracaso rotundo y una traición a las promesas de cambio que llevaron al presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño.
Falta la mitad del debate, que terminará el año entrante, pero lo que vimos en estos meses causa mucha preocupación. Como le dijo a El Espectador la Misión de Observación Electoral, en voz de Camilo Mancera, varios aspectos de la reforma dejan un ruido enorme: “Se quiere favorecer a las personas del actual Congreso. Modifican la Constitución para unos intereses de pocos”. Eso no puede ocurrir y el Gobierno debe ser consciente de los problemas que está generando al utilizar su aplanadora para aprobar la reforma.
Estamos de acuerdo con las críticas a tres componentes que hasta ahora han sido aprobados: el transfuguismo —con efectos inmediatos—, la ausencia de incompatibilidades para los congresistas y permitir que los partidos grandes hagan coaliciones para que, en las urnas, sean invencibles y terminen de aplastar a los partidos pequeños que le dieron tanta variedad al Congreso en las últimas elecciones.
La Rama Legislativa, para tener autonomía e independencia, debe comprenderse como un fin en sí mismo, no como un trampolín para obtener un puesto en el Ejecutivo o para cambiarse de partido a medio camino para armar mayorías no elegidas. Si la apuesta de la reforma es fortalecer los partidos políticos para que los colombianos tengan la capacidad de votar por propuestas ideológicas y no por caudillos, debilitar las normas contra el transfuguismo y las incompatibilidades es un contrasentido. No necesitamos congresistas que se vuelvan ministros y viceversa, tampoco que las elecciones del año entrante estén plagadas de excongresistas que renunciaron a último momento por no respetar los cargos para los que fueron elegidos. Si eso se permite, es por puro cálculo electoral, no por querer fortalecer la democracia.
Así como es extraño que se levante el tope de 15 % de los votos en la elección anterior para poder armar coaliciones. La unión de partidos pequeños garantiza su supervivencia y ayuda a dinamizar la política; la coalición de partidos gigantes no hace más que concentrar el poder y aplastar las alternativas democráticas. El Pacto Histórico, ahora partido de gobierno, no debería olvidar cómo llegó a donde está.
En cambio las listas cerradas, que han sido criticadas por quienes prefieren hacer campaña a partir del caudillismo y las vanidades, son una buena idea para que los partidos políticos tengan más responsabilidad sobre a quiénes presentan en los tarjetones. El debate deberá continuar, pero el Gobierno y su coalición deben atender las alarmas que están encendidas.
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