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Tranquilizó ver a un representante de cada partido político en la radicación de la ponencia sobre la reforma tributaria planteada por el Gobierno. Más allá de los debates puntuales que se puedan suscitar, por ejemplo sobre la ausencia de suficientes medidas para garantizar un sistema tributario progresivo y que ataque la desigualdad, lo que ha quedado claro en estos meses es que el país necesita estabilidad en un momento de transición. Sin ambiciones desbordadas, la propuesta del Ministerio de Hacienda deja los temas más espinosos para el futuro gobierno, que será elegido el año entrante. Como señal a las calificadoras de riesgo, a los inversionistas extranjeros y al país, el trámite de la propuesta debería darse con tranquilidad.
Fue un gran fallo por parte del Gobierno Nacional no haber consensuado de manera más abierta la pasada propuesta de reforma tributaria. Se trataba de un articulado ambicioso, con varios aspectos muy cuestionables, pero que no solo tapaba un hueco, sino que se preocupaba por cómo crear un sistema de sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo. Sin embargo, por el tono del pasado ministro y la insistencia del Gobierno en no escuchar a sus críticos, esa propuesta terminó siendo la mecha que encendió el estallido social. Cuando finalmente se retiró el articulado, la administración de Iván Duque se encontró sin gobernabilidad. Ese mismo error no podía volver a cometerse.
Por eso, salvo algunos cambios, el texto radicado de la reforma tributaria busca apagar ciertos incendios, reducir el impacto de otros y confiesa que el modelo económico planteado desde la Casa de Nariño no pudo ser aprobado en Colombia. La historia dirá que en cuatro años tuvimos cuatro propuestas de reforma tributaria, una tumbada por la Corte Constitucional, otra aprobada a las carreras y que creó un hueco fiscal mayor, otra que generó uno de los paros nacionales más grandes en la historia reciente y una última que, esperamos, sirva para calmar los ánimos.
Lo importante: la reforma no toca a las clases baja y media, aunque también deja por fuera medidas importantes que podrían hacer más justos los impuestos que pagan las clases altas. También, en año de pandemia, con el desempleo todavía elevado, mantiene apoyos sociales, aunque su financiación a futuro queda en veremos.
La mayoría del peso del recaudo ($6,7 billones) cae sobre las empresas, con una tasa de renta corporativa del 35 %. Esto fue dialogado ampliamente con el sector privado, pero el debate sobre cómo ayudamos a generar empleo sin cargar demasiado a las empresas seguirá abierto. Será interesante ver si las ambiciosas medidas contra la evasión de impuestos, que esperan recaudar un total de $2,8 billones, se cumplen.
El Estado colombiano necesita los $15,2 billones que esta reforma se propone recaudar. Esa consideración tiene que estar en el centro del debate legislativo. Por supuesto que los congresistas pueden proponer enmiendas y, por qué no, buscar que sea un estatuto más progresivo. Pero ya vimos lo que ocurre cuando las finanzas del Estado se utilizan con fines políticos. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aprendió la lección, convocó a todos los sectores involucrados y lideró la construcción de un texto consensuado. En un año de tanta convulsión, el liderazgo político puede mostrar que sí es capaz de llegar a acuerdos por el bien del país.
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