¿Una reforma para cuál política?

El proyecto de reforma política discutido en pleno escándalo de la parapolítica y farcpolítica, con algunos cambios, era conveniente. Abordaba los temas del aumento del umbral, la financiación de las campañas por parte del Estado, el fortalecimiento de los mecanismos de democratización interna de los partidos y explicaba, con claridad, las sanciones a los partidos políticos que hubiesen avalado candidatos relacionados con grupos al margen de la ley. No obstante sus potenciales cualidades, fue archivado bajo el argumento de que era necesario redactar y presentar un proyecto de mayor alcance. Un proyecto que incluyera, además, la propuestas de la Comisión de Ajuste Institucional.

Pues bien, parece haber quedado claro lo que se sospechaba en su momento: que lo que buscaba el Gobierno, cuya bancada es la más perjudicada por las investigaciones que se adelantan con motivo de la parapolítica, era no perder sus mayorías. Lo logró y de ello se está lucrando. La también denominada “aplanadora uribista” deliberó una hora y aprobó sin ninguna modificación, como lo acepta el propio Germán Vargas Lleras, un proyecto que, para empezar, es impreciso frente a los castigos que se les aplicarían a los partidos políticos, lo que convierte la reforma política en una modificación a la carta constitucional completamente innecesaria. Entre “la devolución de los recursos públicos por reposición de votos” y “la pérdida de la personería jurídica del partido o movimiento”, sin ninguna especificación adicional acerca de cuándo se aplicaría qué, no debemos crearnos demasiadas expectativas.

Adicionalmente, un parágrafo transitorio propone que lo estipulado en la reforma se aplique seis meses después de aprobado el acto legislativo. Aquellos partidos políticos que actualmente cuentan con representación en el Congreso, aun en los casos en que la merezcan, no recibirían ninguna sanción. Insólito.

Es más, un vicio como el del transfuguismo político, que con éxito había sido eliminado en la reforma implementada en 2003, es retomado en otro parágrafo transitorio que le permite al congresista que lo desee inscribirse una única vez en un partido diferente del que lo avaló, sin incurrir en doble militancia ni verse obligado a renunciar a su curul. Se legisla pensando en si habrá o no segunda reelección, al servicio de los intereses personales de los políticos y en contravía de la democracia que se desea fortalecer.

Sin ahondar en otros temas que fueron propuestos por la Comisión de Ajuste Institucional y descartados del proyecto aprobado en debates anteriores —como el de la necesidad de que en aras de una mayor inclusión ninguno de los géneros representara más del 70 por ciento de los integrantes de las listas a cargos de elección popular, ni menos del 30 por ciento—, el articulado del texto final llega al exabrupto de anunciar una ley que expediría el Congreso y que no guarda ninguna relación con la reforma política. Con motivo del “desequilibrio” existente entre las diferentes zonas del país en materia de desarrollo, se crearía un “Régimen Especial en lo económico, lo político, lo social y lo administrativo” para territorios extrañamente ligados, si no al paramilitarismo, cuando menos al conflicto interno que vive el país. En el peor de los casos, un “mico” sobre el que el que se requieren explicaciones; en el mejor, un problema de unidad de materia que se suma a las imprecisiones y vacíos de una reforma política que con justa razón la oposición desea hundir.

A cuatro debates de convertirse en ley, la reforma política favorece a quienes debe castigar. El problema de fondo ya no es si el Congreso tiene la legitimidad que se requiere para reformar sus cuestionadas conductas políticas; el problema está en que la reforma propuesta, y ello pese a las exposiciones de motivos y las ponencias presentadas, favorece el tipo de política que se quiere reformar.