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El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) era una oportunidad para que el Gobierno Nacional siguiera tendiendo puentes y demostrara estar abierto a reconocer cuestionamientos razonables. En contraste, la Casa de Nariño decidió malinterpretar las recomendaciones, negarse a la necesidad de un acompañamiento internacional y seguir atrincherándose en su versión oficial. Es una lástima que se vea a la Comisión como una enemiga, cuando lo único que hizo fue dar cuenta de lo palpable y sugerir soluciones.
Desde el partido de gobierno hay mucha desconfianza hacia las entidades internacionales. Eso lo sabíamos. Lo leímos en las declaraciones de varias parlamentarias e incluso podía entreverse en las intervenciones del embajador ante la Organización de los Estados Americanos, Alejandro Ordóñez. Sin embargo, es una lástima que ahora la administración de Iván Duque, defensora y promotora del discurso de la diplomacia regional, caiga en el mismo juego.
En respuesta a las recomendaciones de la Comisión, el presidente Iván Duque dijo que “nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”. En el informe, por supuesto, ninguna de las recomendaciones apunta a ser permisivos con los delitos. De hecho, hay un llamado a investigar los más de 1.660 daños a bienes privados y la CIDH expresó su preocupación por los incendios provocados al Palacio de Justicia de Tuluá, al Instituto de Medicina Legal en Popayán y a la Gobernación de Nariño, así como las afectaciones a las instalaciones de la Fiscalía de Popayán y a la Alcaldía Municipal de La Plata. ¿Cómo puede leerse en ello complacencia con el crimen?
Además, lo curioso es que la Comisión no dijo nada que no supiéramos ya en el país. Habló del uso excesivo de la fuerza y del empleo de artefactos no letales que produjeron lesiones graves y mutilaciones. Habló de la necesidad de reformar la labor de la Policía. Habló de las 7.020 detenciones de personas mediante la figura de “traslado por protección” y cómo se ha prestado esa herramienta para intimidaciones. Habló de los 236 ataques a la prensa, más de la mitad (54,1 %) cometidos por la Fuerza Pública. Habló de la necesidad de mejorar los mecanismos de acceso a la justicia, especialmente para poblaciones vulnerables. Y habló de los problemas que surgen por la inconsistencia entre los datos oficiales y aquellos recopilados por la sociedad civil.
Es decir, la CIDH dijo lo que en prensa y en informes nacionales ya se había dado a conocer. Tampoco puede leerse en sus comentarios la intención de apoyar el crimen o juzgar de manera sesgada al Gobierno; al contrario, el lenguaje y la rigurosidad empleados por la Comisión son una mano abierta para trabajar en la recuperación de la confianza en las instituciones. Por eso es tan extraño que Presidencia lo reciba con hostilidad.
La labor de la Comisión es darles estándares mínimos de cumplimiento de derechos humanos a los países. Eso es lo opuesto a apoyar la criminalidad. Su propuesta de crear un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos para Colombia sería una gran ayuda para el país. No obstante, la Cancillería lo negó diciendo que las autoridades locales son suficientes. Al hacerlo, se escucha el eco de otros Estados de la región que han cerrado las puertas a los verificadores internacionales. Se trata de una actitud errada.
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