El caso de violencia sexual en la Universidad de Cornell ha conmocionado a la opinión pública en Estados Unidos y el mundo. No se trata únicamente del horror ocurrido en la casa de la fraternidad Chi Phi en octubre de 2024 –donde siete estudiantes sometieron a una compañera menor de edad a casi siete horas de abusos sexuales mientras ella estaba sin posibilidad de resistir o defenderse bajo efectos del alcohol, marihuana y ketamina–, sino de la arquitectura de impunidad e indiferencia que es común cuando estos hechos suceden.
Esa noche, cuando el abuso ocurría, un miembro de la fraternidad mandó un mensaje al chat de Snapchat “Chi Phi Actives” anunciando “free pussy” (vagina gratis), convocando a otros a sumarse a la agresión en la residencia estudiantil. En un grupo con decenas de estudiantes, ninguno alzó la voz en contra. Luego, cuando la víctima acudió a la policía universitaria y declaró durante horas que, con un “100 % de certeza”, había sido violada, el oficial a cargo redujo su testimonio a un informe mutilado de seis páginas que omitió sus afirmaciones categóricas. Basado en ese documento, el fiscal de distrito consideró que todo fue consensuado, que no hubo agresión y archivó el caso. Entre tanto, la universidad expulsó a dos de los siete presuntos violadores y a los otros cinco les ‘sancionó’ con la tarea de redactar ensayos sobre su mala conducta.
Traumatizada, sin respaldo institucional y forzada a compartir aula de clase con quienes la agredieron, la víctima dejó la universidad y no obtuvo de vuelta los costos de matrícula, con los que hubiera querido inscribirse en otro centro educativo. Es decir, la denunciante asumió consecuencias más severas que los denunciados.
La historia no habría alcanzado escala global sin la persistencia de Cereese Qusba, una periodista del medio estudiantil The Cornell Daily Sun –perteneciente a la misma fraternidad de la víctima–, quien siguió el caso paso a paso, documentó las inconsistencias y publicó la historia cuando Jane Doe –seudónimo que la denunciante adoptó para proteger su identidad– demandó por negligencia a la Universidad de Cornell. Fue ese reporte local el que encendió la chispa que luego retomaron medios grandes como The New York Times, lo que obligó a reevaluar la reapertura de la causa.
Aunque esta historia ocurre en los Estados Unidos, su resonancia es universal: las estructuras de poder en las instituciones, una vez más, fallan en proteger a las mujeres.
Como bien lo sintetizó el editorial del The Cornell Daily Sun, la postura ética frente a este tema no admite matices ni negociaciones. La obligación de una institución con la seguridad física de sus estudiantes no es un compromiso entre muchos otros, algo que pueda sopesarse contra el prestigio, la reputación o el riesgo de demandas judiciales. La seguridad es previa a todo lo demás. La universidad existe para enseñar y educar, pero la enseñanza presupone un estudiante en capacidad de recibirla, lo que a su vez exige un estudiante que no tema entrar a un salón de clases. La seguridad entonces no es complementaria a la misión educativa: es su condición previa y fundamental.
El fenómeno de violencia sexual en las universidades es sistemático y está ampliamente documentado en todo el mundo. La tolerancia con él en cualquier espacio –un campus universitario, un entorno laboral o una ciudad entera– debe ser rotundamente cero. Este caso tiene similitudes con el de Giséle Pelicot, mujer francesa que por años fue víctima de violaciones grupales que su esposo promovía mientras la dejaba inconsciente bajo sustancias químicas. Más de 50 hombres de muy diversos perfiles abusaron de ella por años y la justicia operó solo cuando hubo presión mediática. Del caso de Pélicot quedó una consigna: la vergüenza debe cambiar de bando. Esto significa que debemos exigir responsabilidad y sanción a los victimarios. Todas las universidades, como centros de formación, deben ser vehementes en enseñar a los hombres que no pueden violar a las mujeres.
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