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Mientras el 80 % del departamento de Córdoba se encuentra en una crisis por lluvias inesperadas, el gobierno de Gustavo Petro se enfrenta a un problema que él mismo creó: por decretar una emergencia económica sin las justificaciones debidas, ahora no tiene la capacidad de obtener recursos para lo que, a todas luces, sí es una situación extraordinaria que requiere la fuerza entera del Estado colombiano. Aunque trasladó su consejo de ministros al territorio, el mandatario no ha perdido oportunidad para utilizar una retórica agresiva contra sus contrincantes políticos, mientras que no asume las debidas responsabilidades por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Escuchar al director de la Ungrd, Carlos Carrillo, y compararlo con la actitud del presidente Petro, es ver la dicotomía de una Casa de Nariño que a veces olvida su deber de representar a todos los colombianos. Mientras Petro opta por la agresión, Carrillo baja el tono en sus declaraciones. El momento requiere prudencia y colaboración, no obtener réditos políticos, especialmente con tantas personas afectadas y con la temporada de lluvias que se nos viene.
En entrevista con El País de España, Carrillo da una idea de la dimensión de la tragedia. “La inundación es mucho más grave de lo que se había podido prever en los escenarios más pesimistas”, dijo. “Entre el 1° y 2 de febrero no paró de llover. Llovía, llovía, llovía sin parar un minuto... fueron un 1.600 % mayores a lo que debería haber sido. En cuestión de cinco días cayó toda el agua del mes”. Aunque el actuar de los alcaldes locales llevó a una evacuación oportuna, las inundaciones van a dejar serios daños a la capacidad de supervivencia de muchas personas. Un departamento de por sí golpeado por la desigualdad ahora se enfrenta a una tragedia para la que el país no parece tener la capacidad de responder como es debido.
Carrillo dice que los recursos para esta situación están disponibles, pero el presidente Petro le pidió a la Corte levantar la suspensión de su decreto de emergencia para poder redirigir los ingresos. El problema es que esa decisión del alto tribunal se tomó porque aquel decreto buscaba recaudar impuestos sin haber una situación extraordinaria de por medio. Si la Corte no descongela esa medida, la Casa de Nariño le echará la culpa de no poder reaccionar a lo que pasa, cuando la realidad es que esta falta de posibilidades es un disparo en el pie del mismo Gobierno.
La hostilidad ha caracterizado el último año de gobierno del presidente Petro. A eso se le sumó la foto de seis alcaldes de ciudades de Córdoba esperando para hablar con él. “No estamos en un foro ni en una fiesta, ni haciendo manifestaciones”, respondió el mandatario, quien dijo que el Gobierno Nacional está a cargo de resolver la urgencia. Sin embargo, esa situación muestra la desconexión que hay en su administración siempre que debe sentarse a dialogar con personas que pertenecen a movimientos políticos distintos al suyo. Más allá de la discusión sobre si era el momento o no de darles un espacio, el punto de fondo es que, en vez de acoger a quienes están en un momento de emergencia, el presidente de los colombianos no pierde oportunidad para dar batallas políticas.
Cuando le mencionaron el escándalo de la Ungrd, el presidente dijo que a la entidad “se la han robado diez veces más desde que se creó. Olmedo (López) solo se aprovechó de la mafia que ya existía”. Luego defendió a sus funcionarios en proceso de investigaciones penales. No hay reflexión ni se asumen responsabilidades en un año electoral, parece.
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