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La prohibición del fracking en Colombia está cerca de ser una realidad. Con el impulso de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y de más de 70 congresistas, esta semana se presentó un proyecto de ley que prohíbe la práctica de inmediato, suspendiendo incluso los pilotos que Ecopetrol lleva un par de años intentando hacer. Aunque se veía venir, dado que fue uno de los primeros anuncios de la nueva ministra y el mismo presidente, Gustavo Petro, dijo que no habrá fracking en Colombia, persiste la interrogante más importante: ¿cómo se suplirán los recursos que el país dejará de recibir y las reservas que no tendrá por la ausencia de esa práctica?
El fracking ha sido polémico desde que se propuso. En el pasado gobierno de Iván Duque se convocó a una comisión de expertos, que propuso una hoja de ruta para evaluar si el país podría usar la fracturación hidráulica o no. En lo que se pactó estaba que Ecopetrol haría unos pilotos, previas consultas con las comunidades, y luego se evaluarían los resultados.
Sin embargo, no ha sido sencillo: en Puerto Wilches (Santander), donde se pretendía hacer el primer piloto, la comunidad ha recibido amenazas y no ha parado de protestar. El pasado 21 de julio hubo una manifestación. Carlos Andrés Santiago, de la Alianza Colombia Libre de Fracking, dijo en su momento: “Además de no estar a favor del desarrollo de estos proyectos, no aceptamos las incoherencias del gobierno de Duque que, a solo unas semanas de salir, sigue insistiendo en emplear estas acciones de fase de pilotos y profundizar la conflictividad socioambiental en el territorio”. A pesar de esto, jurídicamente el Estado había logrado tumbar una tutela que suspendía los pilotos y pretendía seguir con ellos.
Ahora, con la llegada del gobierno Petro, lo más probable es que se cancelen los pilotos. Eso hace el proyecto de ley presentado, que además prohíbe el fracking de tajo. Según la ministra Muhamad, “es nuestro compromiso trabajar por un país que haga una transición económica y ambiental para enfrentar la crisis climática. No es lógico que, si queremos iniciar la transición energética, vayamos a profundizar la dependencia de combustibles fósiles con técnicas de altísima incertidumbre, impacto social y ambiental”. Es un triunfo para el movimiento ambientalista, pero sobre todo para las comunidades que se habían opuesto a la práctica.
Celebramos toda medida que se tome para resguardar los recursos naturales y se aleje de prácticas que generen más conflicto en el territorio. Dicho eso, este proyecto de ley, presentado con premura, establece, en palabras de la ministra, “el mandato al Gobierno Nacional de hacer un plan de transición energética justa durante los dos años siguientes”. Esa demora es preocupante: mientras se le quita a Ecopetrol el plan para expandir las reservas que tiene el país y una de sus principales fuentes de ingresos, que luego benefician a la nación, la estrategia de reemplazo se diluye en el tiempo. Pasar dos años sin un plan claro no solo puede afectar a Ecopetrol, sino llevar a que Colombia no pueda reaccionar a las nuevas realidades del mercado energético global en el marco de la guerra en Ucrania.
Bienvenidas las nuevas prioridades ambientales, pero la pregunta abierta por la sostenibilidad del país y los recursos que dejamos de recibir necesita respuestas mucho más rápidas que el tiempo que se ha planteado.
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