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Daniel Ortega, el otrora guerrillero que en 1979 derrocó la sangrienta y corrupta dictadura de Nicaragua, terminó por convertirse en la peor copia de Anastasio Somoza. Su ansia desmedida por el poder lo condujo a crear una dinastía, junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, que controla todas las instancias de autoridad con el fin de perpetuarse. Para lograrlo han avasallado el Estado de derecho y cometido crímenes de lesa humanidad. Por este motivo debe aplicarse de inmediato a Nicaragua la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sin más dilaciones.
Todos los Estados democráticos del hemisferio deberían acompañar al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en su justa petición de restablecer la institucionalidad democrática allí. Es esencial que se permita la protesta pacífica, así como que se proteja la vida de quienes se manifiesten contra la dictadura. Que cese la persecución contra los pocos medios de comunicación que denuncian las arbitrariedades del Gobierno. “Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, porque la solución a la violación de los derechos humanos es un asunto de la región entera. La solución todavía es política y diplomática y contamos con los instrumentos normativos interamericanos para abordarla”, ha dicho Almagro. Tiene razón.
Ortega actúa como dictador. La represión contra las protestas, a comienzos de año, se saldó con más de 325 víctimas, en su inmensa mayoría jóvenes estudiantes. Lo anterior sin contar los cientos de detenidos y torturados. Este hecho llevó a que, con la mediación de la OEA, se aceptara el envío de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Meseni, así como la presencia de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). En la medida en que los informes del Meseni daban la razón a la oposición y cuestionaban al Gobierno por las reiteradas violaciones a los derechos humanos, éste criticó a la CIDH como parte de un plan internacional, liderado por Estados Unidos, para derrocar a Ortega.
El fin de semana anterior el GIEI debía presentar en Managua su informe final luego de siete meses de investigaciones y corroboración de los hechos sobre el terreno. Anticipándose al resultado, Daniel Ortega decidió no prorrogar el permiso para la permanencia de sus integrantes, exigió su salida inmediata e impidió al ingreso al país de la vicepresidenta de la CIDH. Para el GIEI, “el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y persecución”.
Además, la policía del dictador arremetió en los últimos días contra varios medios de comunicación, en especial contra la sede de Confidencial y de los programas de televisión Esta semana y Esta noche, que dirige el prestigioso periodista Carlos Fernando Chamorro. Antiguo compañero de ruta en las luchas sandinistas de los 80, Chamorro no solo cortó sus vínculos con Ortega, sino que se dedicó a hacer lo que sabe: denunciar los casos de corrupción de la familia presidencial, los abusos desmedidos del poder y la forma en que la democracia ha sido avasallada en Nicaragua. De allí el odio y la persecución del régimen para que no se sepa la verdad de lo que está sucediendo.
Como lo expresara con claridad el reconocido escritor nicaragüense Sergio Ramírez, una de las mentes más lúcidas y equilibradas de la región, “el verdadero golpe de Estado se ha dado contra los ciudadanos, contra su condición de personas libres. Sus derechos han sido suprimidos. Se les discrimina y se les anula. Esos derechos solo existen para quienes están en las filas del régimen y son parte del aparato de poder, y disfrutan, además, de un derecho exclusivo: el de la impunidad”.
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Por El Espectador
