La gravedad de los hechos entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza ha sobrepasado los peores escenarios previstos. Mientras Hamás mantiene como rehenes y escudos humanos a más de 200 personas que secuestró, luego de los actos terroristas del 7 de octubre, los bombardeos indiscriminados desde territorio israelí —que la Corte Penal Internacional investiga como posibles crímenes de guerra— continúan causando la muerte de cientos de civiles palestinos inocentes. La vía es la de un cese al fuego inmediato, mientras el conflicto amenaza con escalar hacia países vecinos.
El martes, un misil cayó sobre un edificio en el campo de refugiados de Yabalia, causando la muerte a algunos militantes de Hamás y a decenas de otras personas, la inmensa mayoría civiles que Hamás utiliza como escudos humanos, que Israel ataca de manera indiscriminada violando las normas del derecho internacional humanitario (DIH). Un portavoz israelí generó rechazo al atribuir la muerte de civiles a las “tragedias de la guerra”. Lo que está aconteciendo en la Franja de Gaza no puede tener justificación desde ningún tipo de vista. El legítimo derecho a la defensa que ejerce Israel tiene unos límites impuestos por normas internacionales claramente definidas. Las acciones de retaliación que lleva a cabo el gobierno de Benjamín Netanyahu exceden en demasía lo establecido por el DIH y, por lo mismo, son condenables.
No en vano, en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos ya se habló de la comisión de crímenes de guerra. Craig Mokhiber, director de dicha oficina en Nueva York, renunció a su cargo pues considera que lo que está sucediendo allí es un genocidio y Naciones Unidas no hace nada. La Corte Penal Internacional está investigando la situación en su conjunto. Según la Agencia de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef), “Gaza se ha convertido en un cementerio de niños”, pues más de 420 menores mueren o resultan heridos cada día, desde que comenzó la guerra, y la organización Save the Children informa que cada 10 minutos muere un niño en medio del conflicto.
Mientras tanto, en América Latina, Bolivia decidió romper relaciones con Israel. Los presidentes Gabriel Boric y Gustavo Petro llamaron a consulta a sus embajadores. En el caso de Chile, es una medida entendible, dado que Boric condenó desde el primer momento las acciones terroristas de Hamás e instó al gobierno de Netanyahu a respetar las normas del DIH, lo que no ha sucedido. En el caso de Colombia hay una incoherencia, dado que la actual administración no ha sido capaz de condenar a Hamás por terrorismo, a pesar de que dos de las víctimas de dicho grupo eran ciudadanos colombianos. La embajadora Margarita Manjarrez, funcionaria de carrera, ha actuado bajo los cánones diplomáticos para mantener a flote la relación bilateral en medio de esta situación anómala.
Por otra parte, los efectos colaterales del conflicto están creando hechos indeseables en diversas partes del mundo. Se han presentado situaciones inaceptables de antisemitismo contra miembros de la comunidad judía que han sido amenazados o maltratados, o sus casas o sinagogas han sido pintadas con mensajes racistas. De otro lado, un niño palestino fue asesinado en EE. UU., y cientos de personas que se manifiestan de manera legítima para demostrar su apoyo a Palestina, no a Hamás, y su rechazo a la reacción de Netanyahu son acusadas de terroristas.
Una cosa es la crítica a un gobierno extremista como el de Israel, que ha causado gran daño dentro y fuera de su país, y otra muy distinta amenazar de muerte o llevar a cabo actos que atenten contra la vida o la seguridad de integrantes de la comunidad judía en cualquier lugar del planeta. El primero es un acto legítimo, sustentado en la libertad de expresión, mientras no transgreda los límites legales, y el segundo es un delito que debe no solo ser condenado, sino judicializado, y sus causantes deben responder ante las autoridades.
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