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El éxodo de venezolanos que abandonan su país ante la grave situación alimentaria y la inflación galopante ya es una crisis humanitaria. Que cerca de 2,5 millones de personas, muchas de ellas a pie, lleguen en masa a buena parte de los países suramericanos amerita con urgencia una solución regional. A pesar de que se han dado algunos pasos recientes en la dirección correcta, falta demasiado por hacer. La OEA y la ONU deben asumir un papel central en el asunto de inmediato.
El canciller, Carlos Holmes Trujillo, ha mantenido una posición frontal ante el tema; no solo en lo interno, sino en lo internacional. De hecho, a comienzos de esta semana se reunieron en Quito 11 países para tomar medidas de urgencia. Diez de ellos, con la excepción de Bolivia, acordaron una agenda concreta que les permita paliar los aspectos más inmediatos. Hicieron “un llamado a la apertura de un mecanismo de asistencia humanitaria que permita descomprimir la crítica situación, brindando atención inmediata en origen a los ciudadanos afectados”. Esta es una necesidad inaplazable. Sin embargo, la concreción de ese mecanismo pasa por su diseño, financiación e implementación. Debido a las demoras propias de los trámites burocráticos, no se ve que a corto plazo pueda ser una realidad. Hay que comenzar a trabajar de inmediato para tenerlo operando, al menos a mediano plazo. El tiempo corre y los problemas aumentan.
Otro elemento acordado es el de lograr “de manera urgente y prioritaria” que se expidan documentos a los migrantes. Lo anterior, en la medida en que en Venezuela no se proveen los respectivos pasaportes, mientras que Quito y Lima han restringido el ingreso a aquellas personas que no los presenten. Frente a este callejón sin salida, el país que más sufriría las consecuencias sería el nuestro. Con el cuello de botella que se crearía, la gran masa de migrantes se vería represada aquí, lo que incrementaría aún más la ya difícil situación interna. Las autoridades hablan de un millón de venezolanos en Colombia, que pueden ser más, puesto que no todos pasan por los puestos de control.
En Colombia, tanto el gobierno anterior como el actual han obrado con presteza. Al menos de momento y a pesar de la complejidad de la situación, se ha logrado atender la avalancha de venezolanos que llegan al país, bien sea para quedarse temporalmente o para continuar su tortuoso camino a otros países de la región. Lo anterior con las limitaciones propias derivadas en especial de los problemas financieros que permitan atender una crisis de tal magnitud. En este sentido, la colaboración de países que aporten recursos de manera urgente es más que bienvenida. La recepción de un número tan alto de migrantes no se limita solo a un registro estadístico y algún tipo de documentación temporal, sino que debe abarcar atención médica, opciones laborales, educación y seguridad.
Mientras tanto, en la OEA, ante las dificultades propias de llegar a acuerdos en medio de la influencia que aún ejerce el gobierno dictatorial de Venezuela entre algunos países del Caribe, su secretario general decidió una vez más tomar el toro por los cuernos y nombrar un Grupo de Trabajo operativo que tendrá dos misiones principales: elaborar un informe sobre la migración de venezolanos y captar fondos. No se trata de un grupo burocrático más, sino de personas designadas por él mismo para que visiten de inmediato todos los países afectados por esta crisis humanitaria y preparen, con la mayor brevedad posible, un informe. No parece ser la panacea, pero al menos rompe la inercia de los bloqueos políticos que se suelen presentar en dicha organización.
La solución a esta situación pasa por el restablecimiento del Estado de derecho en Venezuela. Esto implica el retiro del dictador Nicolás Maduro, en especial con sanciones previstas por los instrumentos internacionales. Mientras tanto hay que encontrar de manera pronta una solución regional a la crisis. No hay otra alternativa.
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