Uribe ante la Comisión de Acusación

Esta comisión, la única competente para investigar al presidente de la República y a otros altos miembros del Estado, ha sido históricamente una burla. Ninguna investigación seria ha prosperado, pero representa, además, una de las cajas negras más oscuras del Estado. Aunque no por oscura —o, más bien, precisamente por ello— deja de ser apetecida: junto con las comisiones Primera y Tercera de Cámara y Senado, los partidos se aseguran de tener participación en ella y, si se puede, mayoría; pese a que esa mayoría no se traduzca, regularmente, en altura y peso. No se conocen congresistas visibles y de larga trayectoria que se hayan peleado por pertenecer a la Comisión de Acusación.

Ciertamente, investigar y acusar a quienes están en lo más alto del poder no es tarea fácil. Molesta, por eso, que la Comisión, a pesar de la multitud de escándalos que ha enfrentado el país, no haya sido capaz de funcionar y sin embargo ha sido imposible reformarla. Ni siquiera, podríamos decir, se ha intentado con seriedad hacerlo. No es elitismo exigir que ciertas comisiones tengan requisitos y, entre ellos, que en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara se exija ser abogado, preferiblemente penalista. Suena todo, menos insensato, pedir que los miembros de esta comisión conozcan con claridad qué es y qué no es un delito y sepan además cuáles son los requisitos para demostrarlo. Las buenas intenciones tienen unos límites que, por lo demás, no siempre se superan con asesores. Y que se estrechan cuando se carece de instrumentos para administrar la justicia. Esto, sin olvidar que la Comisión sólo puede investigar si la acusación encuentra asidero en la plenaria de Cámara y de Senado y, sólo después, tras el aval de los congresistas, puede remitirse a la Corte Suprema.

Este filtro político es duro, incluso, si en la Comisión se tuviesen miembros que cumplieran los requisitos para fiscal general. Si se recuerda, fue por el paso en las plenarias que la investigación contra el expresidente Ernesto Samper se hundió para que quedara en la historia que la financiación con dineros ilícitos de su campaña sucedió a sus espaldas. Con todo, es conveniente que en el país, como en muchos otros, esta labor se le encargue al Legislativo. Delegarle a la Rama Judicial o la Fiscalía el poder acusatorio sobre el primer mandatario crearía el escenario para un choque de trenes permanente que dejaría sin cabeza al país periódicamente. Esto sin mencionar el desbalance en los controles, pues la Comisión también investiga a las altas cortes.

No obstante, así la solución no sea clara, la tradicional negligencia de la Comisión sí lo ha sido. Esta vez, por lo menos, la versión libre que rendirá el expresidente Álvaro Uribe esta tarde será pública. Aunque realmente no se espera que sea mucho lo que suceda —menos en un Congreso que se eligió cuando él era presidente—, sí es un avance en transparencia que el país tenga la posibilidad de escuchar a su anterior primer mandatario defenderse por razón de los seguimientos e interceptaciones ilegales del DAS, una de las 242 investigaciones que se adelantan en su contra. La caja negra, con tal publicidad, por lo menos se destapa y el país —así las esperanzas de justicia estén limitadas— podrá conocer detalles del horror que fue dicho complot y quiénes participaron en él. Y, más allá del protagonismo del micrófono, ojalá sirva para abrir el debate sobre la absolución en los altos cargos. Pues si bien es difícil tener presidentes constantemente investigados, también es difícil tenerlos a prueba de toda investigación. Cualquier extremo es nocivo y, ciertamente, nos encontramos parados en uno.