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La crisis de acoso y abuso sexual en los colegios del país no tiene solución sencilla por una ausencia de normas acompañada de la incapacidad de las autoridades para tomar medidas apropiadas. Nada muestra más la disyuntiva como lo que está ocurriendo en los colegios públicos de Bogotá: a pesar de tener más de un centenar de denuncias, los profesores señalados se ven protegidos por el fuero sindical y la inacción de la justicia. En el caso de los estudiantes es aún más complicado, pues las directivas de los colegios no están capacitadas en acciones para responder a estas situaciones. El resultado es que las víctimas se acumulan, la impunidad permanece y poco se hace para romper con el ciclo de violencia que se ha normalizado durante años.
Tenemos que ser claros: el acoso y el abuso sexual ocurren tanto en colegios privados como en públicos. Hoy dedicamos este espacio a discutir el dilema de las instituciones distritales en Bogotá, pues la Alcaldía le presentó a la Fiscalía 163 casos sobre violencia sexual en las instituciones educativas distritales. Esto ha servido para destapar una olla de burocracia circular, falta de acción y desconocimiento por parte de todos los involucrados.
En su encuentro con el fiscal Francisco Barbosa, la alcaldesa Claudia López dijo: “Queremos reiterarles a los padres de familia, a rectores y rectoras, a las y los docentes, pero sobre todo a niños, niñas y adolescentes que estudian en nuestros colegios, que estamos con ellos y ellas, que los queremos, que los cuidamos y, sobre todo, que les creemos y que los invitamos a que sigan contando todo lo que les ocurre”. Sin embargo, el secreto a voces es que incluso si empiezan a aumentar las denuncias y se rompe el silencio, el aparato distrital y de justicia está muy poco preparado para enfrentar la complejidad del problema.
Por ejemplo, en los colegios públicos, cuando hay una denuncia creíble contra un docente, este es suspendido, mas no puede ser despedido en ausencia de condena judicial. Como estos casos rara vez llegan a sentencia por parte de un juez, nos quedamos en el limbo eterno de tener presuntos agresores sin dar clases, pero sin poder ser despedidos, porque están protegidos por el vacío legal y los acuerdos sindicales. Sobre esto, la invitación a los sindicatos de maestros, tanto a escalas distrital como nacional, es que lideren el debate de cómo pueden tomarse medidas efectivas que ayuden a combatir el acoso y el abuso sexual.
La situación también es muy complicada cuando involucra a un estudiante acosando a otro, pues no es claro qué tipo de ley aplicar y, por ende, cómo debe operar la sanción. En los peores casos, eso lleva a que las víctimas tengan que seguir conviviendo con sus agresores o incluso considerar cambiar de colegio, lo que nunca es sencillo.
Durante años, el acoso y el abuso sexual dentro de los colegios han sido una violencia que se silencia, se esconde o se minimiza. Ahora que por fin salen a relucir los casos, solo estamos viendo la punta del iceberg y las instituciones se chocan con los vacíos normativos. No es tan sencillo como pedir que todos los casos sean tramitados por la Fiscalía, ya que el sistema penal está colapsado, los casos de violencia sexual suelen estancarse por dificultades probatorias y los operadores judiciales no están capacitados para llevar este tipo de procesos. Necesitamos que la sanción administrativa sea prioritaria y eficiente. De lo contrario, seguiremos dando vueltas en círculos mientras más niñas, niños y adolescentes sufren en los colegios.
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