Cada vez que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entrega un nuevo resultado nos es inevitable preguntarnos cómo se vería el proceso de justicia transicional si no hubiese tanta terca oposición. Gracias, precisamente, a las confesiones de varios militares, el tribunal de paz logró imputar a diez militares y a un civil por ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2007 y 2008. Se trata de la primera de, seguramente, muchas más decisiones similares que vendrán en los próximos meses. Es un aporte invaluable a la reconstrucción de la verdad y la justicia en el país, que además fue celebrada por las víctimas. ¿Serán estos resultados suficientes para sacudir el estigma de la impunidad, tan injustamente asociado al Acuerdo de Paz? ¿O seguirán los ataques infundados que buscan envenenar todo el proceso? Lastimosamente, nos inclinamos a adivinar la segunda opción.
La imputación de la JEP, la primera de seis que anunció, es terrorífica. Confirma lo que ya sabíamos, pero reitera la crueldad de lo que sucedió. Enfocada en el Catatumbo, en Norte de Santander, una de las zonas priorizadas por la alta ocurrencia de casos, encontró que la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería No. 15 Francisco de Paula Santander del Ejército incurrieron en graves delitos. “Por un lado, el asesinato de personas en estado de indefensión que son previamente seleccionadas en el sector, en parte, con base en prejuicios y estigmatización, y por el otro, una suerte de sofisticación del patrón criminal, consistente en reclutar víctimas de otros territorios, engañarlas y asesinarlas en el Catatumbo y reportar su muerte como baja en combate”. Es decir, entre las víctimas había personas con discapacidad mental, farmacodependientes y líderes sociales.
¿Cómo alguien puede ver esas confesiones, leer los detalles de los casos y no concluir que en las Fuerzas Militares ocurrió algo terrible que necesita un proceso de reconciliación y reconocimiento de la verdad? A la luz de las evidencias, quienes se oponen a la JEP y quienes insisten en negar las ejecuciones extrajudiciales se consolidan como el principal obstáculo para una Colombia en paz.
Dentro de los hallazgos, la JEP hizo un anuncio que precede una decisión mucho más grande. Catalina Díaz, magistrada de la Sala de Reconocimiento, dijo: “Logramos demostrar muy en detalle cómo estos 120 casos no son aislados, no son inconexos, espontáneos y no se trata de decisiones aisladas de los perpetradores; por el contrario, tenían un mismo fin: responder a la presión institucional”. Ahí subyace el corazón del problema y nos da una confirmación que el país necesita saber. En efecto, hubo sistematicidad y la cadena de responsabilidad no se termina en unos cuantos soldados aislados.
El discurso de las manzanas podridas suele emplearse siempre que miembros de la Fuerza Pública cometen delitos. Sin embargo, en las ejecuciones extrajudiciales no puede aplicarse. Lo que han encontrado los investigadores de la JEP es que los incentivos establecidos por la doctrina militar crearon el ambiente que fomentó el horror. Las confesiones apuntan a lo mismo: la presión por obtener “bajas en combate” fue la principal motivación para cazar inocentes y presentarlos como guerrilleros. La JEP debe seguir haciendo su trabajo, pero en Colombia esta discusión necesita que el negacionismo deje de ser la respuesta oficial.
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