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Mañana se cumplen dos décadas desde que fue aprobada en Lima la Carta Democrática Interamericana (CDI), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), concebida como un importante instrumento regional para defender a los gobiernos legítimos de la región frente a eventuales amenazas contra su estabilidad. Sin embargo, a pesar de algunos logros importantes, se ha puesto en tela de juicio su eficacia ante la actual regresión democrática en algunos de los países de la zona, tras la aparición de nuevas dictaduras o de gobiernos populistas-autoritarios. ¿Qué se debería hacer con la CDI?
La aprobación de la Carta era prioritaria cuando se adoptó el 11 de septiembre de 2001, en medio de los atentados terroristas en Estados Unidos. El tema de qué hacer es complejo y no hay una fórmula sencilla. Lo cierto es que los problemas actuales en el hemisferio no son culpa de la Carta. Su contenido incluye los aspectos más significativos con respecto a las amenazas y los peligros que pongan en jaque la institucionalidad democrática. Entonces, ¿dónde está el problema y por qué se ha hecho tan difícil su aplicación frente a casos evidentes de deterioro o su vulneración?
La CDI prevé los elementos necesarios para actuar cuando así se requiera. Por este motivo, en principio, no se considera necesario modificar su articulado. Lo que no ha permitido su mayor eficacia está vinculado al quehacer mismo de un organismo multilateral como la OEA. El hecho de que esté conformada por 34 Estados miembros activos, cada uno de ellos con su propia agenda política internacional y, por lo mismo, de relaciones con los demás países de la región, lleva a que sean los alineamientos los que definan las decisiones que se tomen. Desde comienzos del presente siglo y hasta mediados del mismo, no fue fácil que se aprobara una resolución en contra de la Venezuela del Socialismo del Siglo XXI. La muy activa diplomacia petrolera que desarrolló Hugo Chávez, con mecanismos como el ALBA o Petrocaribe, le permitió utilizar el petróleo como moneda de cambio para asegurarse el número de votos necesarios que impidieran sanciones en contra de su país.
Dentro del complejo mecanismo previsto para que se aplique la Carta se requiere una mayoría de 24 votos, lo cual no es fácil de lograr. A pesar de las acciones adelantadas por su secretario general, Luis Almagro, los apoyos mayoritarios de los países del Caribe y algunos centroamericanos no permitieron ir más allá en la puesta en práctica de las medidas previstas por la CDI. Tampoco se ha podido actuar de manera contundente contra la dictadura de Daniel Ortega, en Nicaragua, a pesar del menoscabo de la institucionalidad democrática, y, como en el caso de Venezuela o Cuba, la violación flagrante de los derechos humanos. Frente a esta disyuntiva no sería justo señalar un instrumento jurídico como la Carta por su falta de aplicación efectiva, cuando son algunos gobiernos los que atentan contra la estabilidad democrática.
Una de las disyuntivas que se presentan es la manera como algunos candidatos llegan al poder mediante propuestas populistas y autoritarias, sin que sus electores se den cuenta de que en poco tiempo estos comenzarán a erosionar los fundamentos propios del Estado de derecho. Contando para ello con la aceptación popular de la cual gozan, entran a desmontar la institucionalidad cooptando los demás poderes del Estado, sus mecanismos de control y, en últimas, promoviendo reformas constitucionales que les permitan asegurarse la reelección y, con el tiempo, entronizarse en el poder.
La Carta establece que “los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla”. Ahora que la democracia vuelve a estar bajo amenaza en la región, les corresponde a los propios Estados promover su respeto y actuar en consonancia al momento de aplicar los mecanismos para su defensa en los organismos multilaterales como la OEA.
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