¿Venganza criminal?

Tres son los casos paradigmáticos que ilustran esa “venganza criminal”: Andrés Felipe Arias, el exministro de Agricultura, detenido a prevención por su presunta participación en el desfalco de Agro Ingreso Seguro, quien es considerado como un preso político; María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, prófuga de la justicia en Panamá, que se entiende como asilada y perseguida por la justicia de este país; el mismo destino corre por estos días el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, quien ha dicho que no tiene garantías en su proceso y es ya también prófugo en tierras extrañas. Aunque se citan otros ejemplos, estos tres personajes representan, a grandes rasgos, los pilares del gobierno pasado.

Es entendible, por tanto, que el expresidente Uribe se sienta atacado. Lo es también porque muchos de los procesos que se adelantan en contra de funcionarios de su gobierno han sido abiertos con base en testimonios de criminales que —vistas las cosas de manera suspicaz— deberían ser analizados bajo la pregunta de si tienen o no un interés legítimo en revelar la verdad.

Pero esa, por supuesto, es una labor de la justicia y de los entes de investigación. Algo enseña el derecho y es que resulta muy difícil extraer una conclusión con base en un solo testimonio, como también que éste se convierta luego en el fundamento de la sentencia. Pero, hasta donde nos es permitido saber, las decisiones que se muestran como “venganza criminal” (que no son sentencias condenatorias siquiera) han tenido fundamento, además, en otro tipo de pruebas. Eso sin contar con que en Colombia se respeta el principio de doble instancia y de controvertir aquellas evidencias que se presentan en contra de los acusados.

En entrevista para este diario hace una semana, Rodrigo Uprimny ilustraba el problema con una disyuntiva: puede que en efecto haya una persecución política para deslegitimar el anterior gobierno, pero puede ser también que algunos miembros del mismo hayan estado presuntamente involucrados en hechos delictivos y que, por eso, se les deba investigar. Atendiendo a las diligencias, denuncias y otras pruebas más allá de las que otorgan los criminales, no podríamos sino inclinarnos por la segunda opción. No porque estemos persiguiendo al expresidente Uribe ni condenando de antemano a sus funcionarios —como algunos malquerientes gustan en sostener—, sino porque asuntos tan graves como las interceptaciones ilegales por parte del DAS, los desvíos de dinero en Agro Ingreso Seguro o las falsas desmovilizaciones, entre otros, merecen respuestas claras.

Para poder obtenerlas se hace necesario —justamente— investigar. Y es apenas lógico que en muchas ocasiones se mencionen los nombres de funcionarios de ese gobierno y que con la valoración de las pruebas la Fiscalía acuse para que otra instancia independiente, un juez, decida. ¿Constituye eso una “venganza criminal”? No lo creemos. Por el contrario, mejor que se investigue y que, de encontrarse inocentes (principio que presumimos en cada uno de esos casos y que defendemos a viva voz), esto sea dicho a todo el país y se limpien sus nombres si es lo que merecen. Pretender lo contrario y considerar que porque se investiga, y en algunos casos se acusa, existe una persecución criminal, no es más que una palpable evasión de la justicia.