Vergonzosa muerte

Uno de los asuntos que más han causado indignación alrededor de la muerte de Cervantes es el hecho de que su esquema de protección le fue retirado pocos días antes de que lo asesinaran. El argumento que ha expuesto la Unidad Nacional de Protección (UNP), a cargo de Andrés Villamizar, es que el estudio sobre la situación de riesgo de Cervantes había sido calificado como ordinario. Por otro lado, existen indicios que apuntan a que las amenazas más recientes contra el periodista no estaban relacionadas con su oficio.

Es cierto que la misión principal de la UNP está encaminada a proteger a cierto tipo de poblaciones que, por diferentes situaciones, se encuentran en riesgo: los periodistas, los desplazados, los sindicalistas. Pero esto no significa que el Estado no esté llamado a cuidar a todos los ciudadanos cuando son víctimas de amenazas. Tampoco es excusa para que la UNP no actúe como una entidad encargada de coordinar acciones para lograr que esa obligación del Estado se cumpla cabalmente. Esta todavía es una asignatura pendiente y también fue determinante en la muerte del periodista Édison Molina de Puerto Berrío, Antioquia, en septiembre de 2013.

Cervantes murió esperando el resultado de un nuevo estudio de riesgo. Pocos días antes de morir denunció ante la Gobernación de Antioquia, la UNP, la Policía y la Procuraduría, que había recibido amenazas. Según un comunicado de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, la Procuraduría Regional de Antioquia envió un oficio el 23 de julio “al director de la UNP solicitando la valoración de los nuevos hechos de seguridad que afectaban al periodista”. A pesar de esto, es cuestionable que la UNP no haya decidido tomar medidas de emergencia para las que está facultada.

Pero ese estudio de los analistas de la UNP no fue lo único que Cervantes estaba esperando antes de morir. El trámite de los procesos judiciales de las amenazas contra Luis Carlos no había mostrado resultados. Y esto en últimas no sorprende. La Fiscalía ha jugado un papel discreto en las agresiones contra la prensa. A la fecha, sólo se conoce una condena contra alguien que haya amenazado a un periodista. Además se ha sabido que la presencia de dicha entidad en el Comité de Estudio de Riesgos y Recomendación de Medidas (Cerrem) se ha limitado, en el mejor de los casos, a ocupar una silla. Esto demuestra que no hay articulación entre las entidades para lograr que el trabajo del Estado no se limite a entregar escoltas, carros blindados y chalecos antibalas mientras los agresores siguen libres y esperando el mejor momento para atacar.

Finalmente, es insólito que la UNP haya decidido dar declaraciones que exponen a organizaciones de la sociedad civil que han sido fundamentales para la protección de la libertad de prensa en Colombia, como son la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper). Estas organizaciones no tienen voto en el Cerrem y sus conceptos se basan en la información que alcanzan a recopilar sobre el trabajo periodístico de la persona que busca protección. El Estado es quien cuenta con el músculo suficiente para ir más allá en casos límite como el de Cervantes.

Lavarse las manos con el nombre de estas entidades es irresponsable e irrespetuoso con la labor que han realizado durante muchos años. Este trabajo lo han hecho desde antes de que existiera el programa de protección, e incluso lucharon en su momento para que fuera creado.