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Saltarse la regla fiscal no es la solución mágica que varios en el Gobierno nacional parecen creer que es. Si se consolida lo que las fuentes le han anunciado a El Espectador y se usa la cláusula de escape, el Gobierno tendrá la posibilidad de endeudarse aún más para enfrentar sus serios problemas de caja. Lo que no se logra entender es por qué está ocurriendo esto cuando no estamos enfrentando una situación extraordinaria ni hay hechos sobrevinientes. La medida, que es un pésimo precedente y puede afectar a los colombianos por años, se toma después de fallas en el recaudo del Gobierno y la incapacidad de planear adecuadamente sus gastos.
Defender la regla fiscal es impopular porque a nadie le gusta que le digan que no se puede gastar más en programas sociales ni en inversiones que el país necesita. Sin embargo, la herramienta existe para responder a una lógica básica: los Estados, al igual que las personas y las empresas, no pueden gastar de forma desmedida y mucho menos por encima de sus posibilidades de recaudo. La regla ha existido como una herramienta para asegurar que los gobiernos tengan un comportamiento responsable con las finanzas de todos. Sin importar quién esté en la Casa de Nariño, se trata de una salvaguarda para los recursos de los colombianos.
Tiene sentido querer ser responsables. Eso evita que se comprometa la estabilidad financiera, que nos presten dinero a tasas razonables y también que la inversión extranjera vea en Colombia un destino confiable. Romper la regla envía un mensaje contrario de inestabilidad y, sí, de crisis. La última vez que incumplimos la regla fue durante la pandemia, un hecho extraordinario, pero ahora lo estamos haciendo porque el Gobierno nacional no fue capaz de recortar sus gastos ni tuvo la capacidad de política de promover una reforma tributaria que aliviara el problema. Si a eso se suma que la DIAN sigue lejos de sus objetivos de recaudo, estamos viendo que levantar la regla se hace para apagar un incendio provocado por la misma Casa de Nariño. Eso nos tiene un déficit de 6,8 % del PIB y con una deuda que representa el 61 % del PIB. Como referente, en pandemia llegamos al 65 % PIB con nuestra deuda.
Lo que debe entenderse es que así se levante la regla fiscal los problemas del Gobierno no cesarán. Solo se trata de endeudar más al país y condicionar lo que podrán hacer los próximos gobiernos. Como explicó en El Espectador Gonzalo Hernández —exviceministro técnico de Hacienda y Crédito Público—, “la nación tendrá menos recursos en el futuro para financiar inversiones productivas y programas sociales. El Banco de la República tendrá menor margen para reducir su tasa de interés de política, lo que posterga la capacidad de incrementar la cartera de vivienda y facilitar el cierre financiero de grandes proyectos de infraestructura”. Es probable que sigamos perdiendo la credibilidad en los mercados internacionales, que eso nos lleve a tener que pagar tasas de interés aún más altas y que la inversión extranjera se resienta. El afectado no será solo el Gobierno, sino todos los colombianos, que tendrán más dificultad de acceso a crédito y será aún más complejo mantener los emprendimientos. Un país más endeudado es una mala noticia para el consumo y para la inversión social.
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