El informe anual del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Forensis 2008, divulgado esta semana, es un documento con una amplia base de datos derivados de la práctica forense, vale decir, del estudio de las muertes y las lesiones. Su lectura, recomendable, es impactante.
Y ello al margen del conflicto y la violencia estrictamente sociopolítica, que aunque presentes en el informe, y con números que preocupan, no son la única ni la más alarmante manifestación del fenómeno que aqueja y para muchos define a Colombia, un país en el que paradójicamente conviven la democracia y su andamiaje institucional con niveles insospechados de confrontación. Todo ocurre como si al tiempo que se realizan elecciones democráticas periódicas y la vida transcurre en una aparente normalidad, el ejercicio de la violencia —y la banalización de la misma, que ya poco indigna— estuviese atada a la ciudadanía.
Si la participación del homicidio dentro de la mortalidad violenta fue del 57% en 2008, bastante alta, los accidentes de tránsito ocupan un 21% nada desdeñable, con 5.670 casos registrados. Las muertes accidentales ocupan el 12% y el suicidio, que no para de crecer desde 2006, un 7%. La muerte violenta de manera indeterminada, en la que se conoce la causa pero no la manera como ocurrió, pasó de 962 casos a 984, confirmando igualmente una tendencia al alza que exige mayor visibilidad.
En términos de los presuntos agresores, antes de las Farc, con 248 casos, y los grupos paramilitares, con 42, la delincuencia común y sus 439 víctimas ocupan el segundo lugar. El primer actor responsable de los homicidios, tras 918 casos reportados, son las Fuerzas Militares. Un dato que se explicaría, según los autores del informe, “por los enfrentamientos y acciones militares en medio de la confrontación armada”.
Otros tipos de lesiones que no llevan a la muerte, como la violencia intrafamiliar, comprueban que más allá de la confrontación armada y el clima de zozobra derivado del narcotráfico, el rearme paramilitar y la degradación del conflicto en general, la violencia hace presencia en diversos espacios de la vida cotidiana. Con un incremento del 15,5 —que en parte puede explicarse por la creciente disposición a denunciarla— la violencia intrafamiliar llegó a 89.803 casos registrados. La violencia interpersonal, que ocupa el 43% de las lesiones no fatales, descendió a la cifra, que sigue siendo alta, de 126.869 casos. La violencia sexual reportó 18.879 episodios que tienen por protagonista, en el 41% de los casos, a un familiar.
Otras cifras, desagregadas por sexo, género, edad, nivel de escolaridad, departamento, grupo vulnerable y demás variables completan el estudio con el que es de esperarse que se midan y diseñen las políticas públicas que habrán de evitar tanta y tan arraigada violencia. No es este el espacio para ahondar en una u otra categoría pero que desde ya pueda confirmarse, pruebas empíricas en mano, que los éxitos de la seguridad democrática son insuficientes cuando se trata de abordar otras dimensiones de la violencia, tan graves como la que emana del conflicto.
Que sea esta la ocasión, entonces, para exigir que, ante tan oscuro panorama por delante, investigadores y Gobierno se den a la tarea de responder a qué viene tanta violencia para poder actuar en consecuencia.
Por El Espectador
