La voz del pueblo

Después de meses de promesas sobre la inevitabilidad de la refrendación, y de movidas que parecían dirigidas a saltarse de una u otra manera este paso, la Corte Constitucional declaró exequible este lunes el plebiscito sobre los acuerdos de La Habana entre el Gobierno y las Farc. Ahora que las reglas parecen estar más claras, el país entero debe entrar en un debate integral, transparente y serio sobre lo que está en juego.

Después de una discusión intensa de ocho horas sobre cada uno de los puntos del articulado, que dejó siete salvamentos de voto, el plebiscito sobrevivió al control constitucional con una votación de siete magistrados contra dos. Más importante aún, el alto tribunal ayudó en la delimitación de lo que puede y no puede hacerse en la campaña que se viene, una de las más importantes en la historia del país por sus implicaciones.

En uno de los puntos que más controversia había causado, la Corte Constitucional sostuvo el umbral del 13 % del censo electoral para que los resultados del plebiscito, de ser aprobado, sean vinculantes. Es decir, que por lo menos 4’286.770 colombianos deben votar por el sí, y esta cifra ser superior a los votos del no, para que el presidente Juan Manuel Santos pueda promover la incorporación de lo pactado en La Habana.

Ahí empieza el otro punto importante: como bien lo dijo la presidenta del tribunal, María Victoria Calle, “la refrendación a la cual alude el proyecto de ley no implica por sí mismo una incorporación de lo acordado en el articulado de la Constitución, ni en el ordenamiento jurídico colombiano”. Por ende, el plebiscito es una consulta de tipo político sobre si el país quiere o no que se siga adelante con el proceso de implementación de los acuerdos, que deberá hacerse por las vías legales ya dispuestas en el Congreso. Apenas lógico, así el malabarismo jurídico tan aferrado en nuestra cultura hubiera planteado lo contrario. Lo clave es que el resultado de esa decisión política es vinculante para el presidente. Si gana el no, o si no se supera el umbral, no podrá seguir impulsando los acuerdos, lo que en la práctica significa bloquear lo negociado con las Farc antes de cualquier otra consideración.

“Cuando todo esté acordado, convocaré al plebiscito en los términos señalados por la ley y se publicará el texto completo del acuerdo final”, ha dicho, como debía, el presidente Santos. Es importante que la difusión de los acuerdos se haga desprendida, en la medida de lo posible en el contexto de una campaña esencialmente política, de la retórica grandilocuente que prima entre los promotores del sí y del no, o de la abstención. Si bien no estamos ante un referendo de todos los puntos acordados, las personas deben saber con exactitud qué es lo que están votando cuando aprueban que el presidente siga impulsando lo pactado.

Muy útil, en ese sentido, que la Corte Constitucional haya dejado en claro que en la campaña por el plebiscito no se podrán incorporar contenidos que promuevan un partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, o que se relacionen con la promoción de candidaturas de ciudadanos a cargos de elección popular. Además, la participación de funcionarios públicos en política tendrá que regirse por amplias excepciones. Esto es fundamental. El debate sobre los acuerdos debe estar desligado de las consideraciones politiqueras y los individualismos que son característicos de las campañas electorales en Colombia. Lo que está en juego es mucho más grande que cualquier proyecto político.

En los meses que vienen utilizaremos este espacio, y El Espectador en todas sus formas, para tratar de entender y discutir lo pactado. Mientras tanto, queremos invitar a los colombianos a que tomen este plebiscito como un asunto profundamente personal. En su voto, que será su voz, está la forma en que queremos entender la Colombia del futuro. Hay que tomarlo muy en serio.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Después de meses de promesas sobre la inevitabilidad de la refrendación, y de movidas que parecían dirigidas a saltarse de una u otra manera este paso, la Corte Constitucional declaró exequible este lunes el plebiscito sobre los acuerdos de La Habana entre el Gobierno y las Farc. Ahora que las reglas parecen estar más claras, el país entero debe entrar en un debate integral, transparente y serio sobre lo que está en juego.

Después de una discusión intensa de ocho horas sobre cada uno de los puntos del articulado, que dejó siete salvamentos de voto, el plebiscito sobrevivió al control constitucional con una votación de siete magistrados contra dos. Más importante aún, el alto tribunal ayudó en la delimitación de lo que puede y no puede hacerse en la campaña que se viene, una de las más importantes en la historia del país por sus implicaciones.

En uno de los puntos que más controversia había causado, la Corte Constitucional sostuvo el umbral del 13 % del censo electoral para que los resultados del plebiscito, de ser aprobado, sean vinculantes. Es decir, que por lo menos 4’286.770 colombianos deben votar por el sí, y esta cifra ser superior a los votos del no, para que el presidente Juan Manuel Santos pueda promover la incorporación de lo pactado en La Habana.

Ahí empieza el otro punto importante: como bien lo dijo la presidenta del tribunal, María Victoria Calle, “la refrendación a la cual alude el proyecto de ley no implica por sí mismo una incorporación de lo acordado en el articulado de la Constitución, ni en el ordenamiento jurídico colombiano”. Por ende, el plebiscito es una consulta de tipo político sobre si el país quiere o no que se siga adelante con el proceso de implementación de los acuerdos, que deberá hacerse por las vías legales ya dispuestas en el Congreso. Apenas lógico, así el malabarismo jurídico tan aferrado en nuestra cultura hubiera planteado lo contrario. Lo clave es que el resultado de esa decisión política es vinculante para el presidente. Si gana el no, o si no se supera el umbral, no podrá seguir impulsando los acuerdos, lo que en la práctica significa bloquear lo negociado con las Farc antes de cualquier otra consideración.

“Cuando todo esté acordado, convocaré al plebiscito en los términos señalados por la ley y se publicará el texto completo del acuerdo final”, ha dicho, como debía, el presidente Santos. Es importante que la difusión de los acuerdos se haga desprendida, en la medida de lo posible en el contexto de una campaña esencialmente política, de la retórica grandilocuente que prima entre los promotores del sí y del no, o de la abstención. Si bien no estamos ante un referendo de todos los puntos acordados, las personas deben saber con exactitud qué es lo que están votando cuando aprueban que el presidente siga impulsando lo pactado.

Muy útil, en ese sentido, que la Corte Constitucional haya dejado en claro que en la campaña por el plebiscito no se podrán incorporar contenidos que promuevan un partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, o que se relacionen con la promoción de candidaturas de ciudadanos a cargos de elección popular. Además, la participación de funcionarios públicos en política tendrá que regirse por amplias excepciones. Esto es fundamental. El debate sobre los acuerdos debe estar desligado de las consideraciones politiqueras y los individualismos que son característicos de las campañas electorales en Colombia. Lo que está en juego es mucho más grande que cualquier proyecto político.

En los meses que vienen utilizaremos este espacio, y El Espectador en todas sus formas, para tratar de entender y discutir lo pactado. Mientras tanto, queremos invitar a los colombianos a que tomen este plebiscito como un asunto profundamente personal. En su voto, que será su voz, está la forma en que queremos entender la Colombia del futuro. Hay que tomarlo muy en serio.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.