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La declaración de vacancia que aprobó el Congreso contra la presidenta Dina Boluarte en el Perú, por “incapacidad moral permanente”, pareció conjurar una nueva crisis en el país vecino. Dentro de la compleja política peruana, donde la inestabilidad se ha convertido en una constante, el nombramiento de su sucesor, el congresista José Jerí, ha generado protestas y movilizaciones en las calles por parte de los jóvenes de la llamada generación Z. Le corresponde a Jerí, en esta transición, llevar a cabo las elecciones previstas para el 12 de abril del próximo año.
El recién designado presidente, sin mayor experiencia, es el octavo en un período de diez años. Jerí enfrentó un reciente caso por violación, que fue archivado por la Fiscalía. También se habla de hechos de corrupción. En días pasados se llevó a cabo una gran protesta en distintas ciudades del país, con epicentro en Lima, para exigir su inmediata salida de la presidencia y que se inicie un profundo proceso de cambio. Lo anterior, debido a la inseguridad, violencia y corrupción, entre otros temas, que no han tenido solución por parte de unos partidos políticos y un Congreso que alcanza niveles de impopularidad del 97 %. Esto genera un permanente estado de ingobernabilidad, en el cual la gran cantidad de partidos, 43, y la consecuente fragmentación que existe en el Legislativo, no permiten que un gobierno concluya con el período previsto.
Esta espiral obedece a una lucha permanente por el poder entre partidos, sin propuestas de gobierno serias ni rendición de cuentas ante los electores. En el caso de Dina Boluarte, quien sustituyó a Pedro Castillo tras un intento fallido de alteración del orden constitucional, se vivió una paradoja que le permitió mantenerse en la presidencia por casi tres años. Dos grupos de derecha y extrema derecha, el fujimorismo y APP, ubicados en el extremo ideológico opuesto a Boluarte, fueron el fiel de la balanza para mantenerla en el poder a pesar de sus niveles de popularidad del 3 %. De esta manera, co-gobernaron el país a través de una mandataria que se dedicó a complacerlos para mantener su apoyo, hasta ahora. Durante estos 34 meses se aprobaron leyes, se archivaron procesos por corrupción, entre ellos los que vinculaban a la propia presidenta, así como la exoneración de responsabilidad a los miembros de la policía o de las fuerzas armadas acusados por graves casos de violación de derechos humanos durante las protestas que se presentaron tras la destitución de Castillo.
Es entendible el hastío de una ciudadanía que siente una desconexión total con respecto a las élites que manejan la política en el país. Para salir de la encrucijada actual, el Perú requiere una profunda concertación entre todos los sectores de la vida institucional y así encontrar un camino de salida a las crisis recurrentes que padece. Reconstruir el tejido institucional no es una labor sencilla, en especial cuando los niveles de desconfianza de los ciudadanos son tan altos, razones sobran y las reglas de juego adolecen de demasiadas fallas. Como lo explicó el analista peruano Alberto Vergara, “Boluarte y el Congreso eran uña y mugre, un roto para un descosido. No los unió ni el amor ni el espanto, solamente las ganas de sobrevivir para depredar lo público (…) abocadas a destruir el Estado de derecho y la capacidad regulatoria del Estado”. El manejo de la política por partidos y personas que amparan la corrupción, de la cual se nutren, es la mejor garantía de impunidad y de continuidad de procesos viciados que no pueden conducir a resultados distintos. El Perú merece un futuro muy distinto.
En este escenario, el alcalde de Lima, el ultraconservador y populista Rafael López Aliaga, renunció a su alto cargo para postularse a la presidencia. López Aliaga ha hecho del tema de la seguridad y la mano dura contra la delincuencia su principal arma, que hasta el momento le ha dado excelentes resultados. El autoritarismo resurge.
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