¿Y ahora los periodistas?

Una de ellas —defendida por pensadores como Owen Fiss— la ve como una precondición del ejercicio de los derechos de la ciudadanía dentro de una democracia. Permite, entonces, tres pilares: la deliberación pública, el control a los gobiernos y la veeduría sobre las empresas privadas que tienen cada vez más influencia sobre el mundo público. La segunda —que expone claramente el profesor Fernando Urioste Braga— se enfoca, más que en los procesos políticos, en la realización misma de los individuos. En su determinación como seres humanos y la materialización de su dignidad, entendida ésta como presupuesto básico de un Estado Social de Derecho. La libertad de expresión, entonces, es una consecuencia natural de la racionalidad de las personas. Las normas deben defenderla a como dé lugar.

En este contexto jurídico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Opinión Consultiva OC-5/85) ha dicho que es a través de los medios de comunicación que la sociedad ejerce su derecho a la libertad de expresión. Por eso mismo es que los estados deben garantizar la libertad y seguridad de sus periodistas. Las dos visiones que se han formado sobre este derecho fundamental se nos hacen complementarias y así lo han demostrado los fallos judiciales que en el hemisferio se han promulgado en los últimos años.

Toda esta reflexión sirve para analizar un hecho sucedido en los últimos días: el presunto secuestro del que fue objeto el periodista francés Roméo Langlois, corresponsal de France 24 y colaborador de Le Figaro, quien cubría un operativo antinarcóticos en Caquetá en compañía del Ejército Nacional. Mientras cumplía su labor, la de informar, un fuego cruzado y sorpresivo inundó el lugar, debido a una emboscada que hizo el frente 15 de la guerrilla de las Farc. Fue herido en un brazo y su paradero es desconocido.

Al parecer Langlois estaba usando un chaleco y un casco del Ejército. Esta conducta despertó las objeciones de algunos sectores: el vicepresidente Angelino Garzón, por ejemplo, agregó que ningún civil debe ponerse prendas militares. Los periodistas, a la luz del derecho internacional, son vistos en la guerra como eso: civiles.

Al margen de esto, nos parece que este hecho demuestra, una vez más, lo difícil que es para los periodistas —nacionales o no— cubrir un conflicto armado como el que vive Colombia. Se abre, a su vez, por ese boquete un debate que hay que dar de cara al país. Tal y como lo dijo la Fundación Para la Libertad de Prensa: “el trabajo periodístico es fundamental para informar y comprender el conflicto en Colombia”.

Puede que Langlois usara casco del Ejército, pero el hecho de que las Farc lo secuestren, o lo hieran en un fuego cruzado, es una señal de intranquilidad. ¿Ni siquiera a los medios de comunicación van a dejar tranquilos? ¿A aquellos que lo único que buscan en el monte es el cubrimiento del conflicto y extraer la información del mismo para exponérsela verazmente a la ciudadanía? Además, el presunto secuestro del periodista francés viene como una señal desfavorable para la guerrilla colombiana que, de una forma que sembró la esperanza en el pueblo colombiano, había prometido que no secuestraría más. De ser comprobado este hecho (al cierre de esta edición era incierto), la guerrilla quedaría muy mal. Su credibilidad, una vez más, estaría minada.

Lo cierto es que los periodistas de este y otros países tienen la misión de informar. De realizar notas que ayuden a la sociedad a materializar ese derecho de la libertad de expresión por medio de una información libre, veraz y transparente. Queda entonces muy mal este derecho cuando a un periodista le sucede esto en tierras colombianas. Que nos dejen informar es, por más triste que suene, la petición del día de hoy.