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Mucho de lo dicho en este espacio, luego de conocer esa desproporcionada decisión que tomó la Procuraduría General de la Nación al destituir e inhabilitar por 15 años a Gustavo Petro, era que confiábamos en que la democracia podía encauzar la corriente con sus recursos legales. Por eso le solicitábamos serenidad al mandatario ante sus interminables e incendiarios discursos de balcón.
Hoy Gustavo Petro respira (aunque sin tranquilidad): el Tribunal de Bogotá, en específico una sala de restitución de tierras, falló a su favor, diciendo que debían respetarse las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretó hace un mes, pidiendo frenar los efectos de dicho fallo en su contra. Ahí está entonces: un recurso que el ordenamiento mismo proporciona. El presidente Juan Manuel Santos, como la ley se lo dicta, acató el fallo y restituyó al alcalde. Pero es incierto aún por cuánto tiempo y, sobre todo, qué es lo que pasará cuando otros de los muchos fallos judiciales que siguen su trámite tengan ocurrencia.
Ese, por supuesto, es un defecto de esta democracia y este arreglo institucional nuestros. Es inconcebible que un sistema serio se precie de tener tres alcaldes de la capital de un país en apenas dos días y que, además, sigamos en ascuas sobre lo que ha de venir. Si bien el sistema prevé el correctivo, lo cual es muy bueno, lo hace de una forma demasiado caótica. Tendrá que haber ajustes, sí. Y no unos rápidos, sobre la calentura de los hechos políticos.
Todo este caos que vivimos en Bogotá es prueba suficiente de que algo anda mal: los errores del alcalde en el lío inmenso de la recolección de basuras (quién lo juzga y cómo y bajo qué parámetros lo sanciona), los poderes exacerbados de la Procuraduría —que merecen una reforma—, el uso indiscriminado de la tutela —que también requiere un ajuste, mas no una reforma drástica—, la obligatoriedad de las medidas cautelares de la CIDH, que el presidente desechó en su momento... Todo abre muchas preguntas.
Empero, a toda esta realidad teórica (que deberá discutirse para el largo plazo) subyace el abandono de Bogotá. La capital del país. ¿Cuánto más tendrá que soportar la ciudadanía? ¿Cómo, en medio de esta especie de pico y placa en la cabeza del gobierno distrital, que al parecer va a continuar, podemos avanzar en la recuperación de una ciudad abandonada a su suerte, al vaivén de un conjunto de escándalos que han adornado a sus mandatarios, por lo menos desde el último período de Samuel Moreno hasta hoy? Porque en medio de este tira y afloje jurídico, de las victorias políticas de unos, que mañana son derrotas, y viceversa, muchas veces se olvida la suerte de la ciudad.
Las grandes transformaciones que esa Bogotá Humana consignaba en el papel, muchas positivas y necesarias, seguramente tendrán que seguir aplazando su ejecución ante la inestabilidad en la cabeza. Y sin embargo, Bogotá no resiste más parálisis ni una administración pendiente de cómo actuar ante cada vaivén jurídico-político. ¿Cómo avanzar, entonces? Aunque suene insólito —pero es que todo lo es—, la esperanza reside en los secretarios del Distrito, que deben asumir funciones ejecutivas con la mayor autonomía posible. Que el alcalde, si perdura, luche jurídicamente con un grupo de asesores, pero que permita que la ciudad continúe con quienes en los asuntos esenciales saben de sobra lo que tienen que hacer. No olvidemos que detrás de todo este embrollo judicial y político hay una ciudad, una capital, que tiene muchas tareas urgentes por resolver.