¿Y qué hacemos con los aforados?

Los funcionarios de la Rama Judicial repitieron hasta el cansancio su mantra de “reforma sí, pero no así”. Después de esta sentencia, esperamos que pronto nos digan, con precisión, cómo debería ser entonces la reforma, pues dejar las cosas como están no es una opción que le traiga beneficios a Colombia.

En sus años de existencia, la Comisión de Acusación -que la Corte Constitucional ha revivido- se ha ganado con justicia la fama de ser una comisión de absoluciones.Archivo El Espectador

Como se esperaba desde que se conoció la ponencia del magistrado Alejandro Linares, la Corte Constitucional tomó la decisión de declarar inexequible la Comisión de Aforados, mecanismo diseñado para reemplazar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y de ese modo empezar a solucionar el grave problema de impunidad en los hechos relacionados con los funcionarios públicos con fuero, quienes son los que más poder ostentan en el orden institucional colombiano. Con esto, el intento de reforma del equilibrio de poderes, en lo que concierne a la Rama Judicial, quedó sepultado y, por la situación actual, postergado indefinidamente. Lamentable.

Los magistrados Luis Ernesto Vargas, Gloria Stella Ortiz, Jorge Iván Palacio, Gabriel Eduardo Mendoza, María Victoria Calle, Luis Guillermo Guerrero y Alberto Rojas Ríos votaron a favor de entender que la Comisión de Aforados era una sustitución de la Constitución y por ende no debía continuar en el ordenamiento jurídico. Alejandro Linares consideró que era inexequible, pero por motivos de trámite. El magistrado Jorge Pretelt, impedido por la investigación que la Comisión de Acusación adelanta en su contra por los presuntos sobornos en el caso que involucraba a la empresa Fidupetrol, no podía participar.

Según las consideraciones del alto tribunal que se conocieron, se cometieron tres errores al discutir la creación de la Comisión de Aforados: el primero, que se estableció un órgano nuevo para investigar, acusar y juzgar a los aforados. En segundo lugar, que el hecho de que el proceso investigativo a un presidente no quedara igual que el de un fiscal general y los magistrados de las altas cortes era una regla que no estaba dispuesta en la Constitución. Y, por último, que a este supertribunal se le reasignaron competencias en materia de investigación, acusación y juzgamiento que no existen en la Carta Política.

Pero además de lo anterior, la Corte dijo que un aspecto fundamental de la Comisión de Acusación es que los congresistas, en su rol de magistrados, deben tener en cuenta “valoraciones asociadas a la estabilidad de las instituciones, a la protección del régimen constitucional o, en suma, al bien común”, pues la idea es que ese mecanismo de juzgamiento “prove[a] de legitimidad democrática directa la suspensión, remoción o sanción del funcionario que se encuentra en el vértice de la rama judicial”. Causa desazón la idea de que está bien que la Comisión de Acusación tenga otras consideraciones más allá de si uno de los 78 aforados del país cometió o no un delito. Precisamente eso, y el desdén por lo técnico, que lleva a que los investigadores no tengan ningún tipo de entrenamiento en el derecho penal ni en cómo llevar a buen puerto un proceso criminal, es lo que ha permitido que en sus años de existencia la Comisión se haya ganado la justificada fama de ser una comisión de absoluciones. El simbolismo perverso detrás de esa realidad, que el país entero conoce, es que cuando se alcanza el poder en Colombia, la justicia deja de aplicarse. ¿Eso es proteger el bien común?

Lo más preocupante de la decisión, que debe ser respetada, pues la Corte Constitucional está actuando conforme a las competencias que le confiere el diseño institucional, es no sólo que nos deja con una Comisión de Acusación que lleva décadas demostrando su inutilidad, sino que además impone un estándar difícil de cumplir para cualquier reforma que intente entrar a solucionar ese problema. Los funcionarios de la Rama Judicial repitieron hasta el cansancio su mantra de “reforma sí, pero no así”. Después de esta sentencia, esperamos que pronto nos digan, con precisión, cómo debería ser entonces la reforma, pues dejar las cosas como están no es una opción que le traiga beneficios a Colombia.

No queremos pecar de pesimismo, pero es ingenuo pensar que de pronto la Comisión de Acusación va a empezar a funcionar correctamente, o que precisamente su inoperancia es la materialización de su propósito constitucional. Necesitamos una reforma sólida cuanto antes.

 

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