¿Y la Guajira?
El Espectador
Le seguimos incumpliendo a La Guajira. En una sentencia de mediados del año pasado, pero que sólo se dio a conocer hasta la semana pasada, la Corte Constitucional declaró que hay tal vulneración a los derechos de los menores wayúu en esa región que nos enfrentamos a un estado de cosas inconstitucional.
Esta figura, empleada por el alto tribunal en los temas más críticos del país (como el hacinamiento carcelario y el desplazamiento forzado), obliga a todas las autoridades a tomar medidas eficaces para superar los obstáculos y permite que la Corte adopte un rol de vigilancia constante. Revisando la sentencia, es claro que, pese a los intentos del Gobierno Nacional y el local, falta mucho trecho para poder hablar de cumplimiento de parámetros mínimos en el departamento.
Dice la sentencia de la Corte: “Existe un incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales aplicables a las políticas públicas del Gobierno Nacional, del Departamento de La Guajira, de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, y de las autoridades indígenas con jurisdicción en esos municipios”. Para el alto tribunal, que revisaba una sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema, la situación es lamentable por las fallas en alimentación, salud y acceso al agua potable.
Las cifras son dicientes. En el 2013, la tasa de mortalidad por causas asociadas a desnutrición en menores de cinco años fue de 32,54 por cada 1.000 niños en el departamento, y el promedio nacional fue de 6,76. La información con la que cuenta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) indica que la desnutrición crónica en La Guajira llegó a 27,98 %.
Ante el desastre, la Corte emitió varias órdenes. Primero, que los indicadores de la tasa de mortalidad de menores de cinco años en La Guajira alcancen la meta establecida dentro del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Además, la sentencia afirma que “no es suficiente que las comunidades tengan a su disposición pozos o jagüeyes, si el agua que se obtiene de ellos no es apta para el consumo humano”. Las autoridades deben tomar medidas que generen cambios reales en la vida de todos los afectados.
En últimas, la sentencia de la Corte Constitucional se une al clamor de los colombianos por ver cómo La Guajira supera las difíciles condiciones. Por demasiado tiempo hemos visto cómo la corrupción, incompetencia y desinterés de las autoridades nacionales y locales vulneran los derechos del pueblo wayúu y de todos los que habitan ese departamento.
¿Qué hará el próximo presidente al respecto? Dentro de la larga lista de asuntos urgentes que esperan a quien triunfe el domingo entrante, La Guajira deberá contar con su atención inmediata desde el principio. El olvido estatal no puede perpetuarse y las intervenciones iniciadas por la administración de Juan Manuel Santos deben continuarse y profundizarse, buscando resultados tangibles.
La Guajira no aguanta más. No podemos seguir fallándole.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.yosoyespectador@gmail.com.
Le seguimos incumpliendo a La Guajira. En una sentencia de mediados del año pasado, pero que sólo se dio a conocer hasta la semana pasada, la Corte Constitucional declaró que hay tal vulneración a los derechos de los menores wayúu en esa región que nos enfrentamos a un estado de cosas inconstitucional.
Esta figura, empleada por el alto tribunal en los temas más críticos del país (como el hacinamiento carcelario y el desplazamiento forzado), obliga a todas las autoridades a tomar medidas eficaces para superar los obstáculos y permite que la Corte adopte un rol de vigilancia constante. Revisando la sentencia, es claro que, pese a los intentos del Gobierno Nacional y el local, falta mucho trecho para poder hablar de cumplimiento de parámetros mínimos en el departamento.
Dice la sentencia de la Corte: “Existe un incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales aplicables a las políticas públicas del Gobierno Nacional, del Departamento de La Guajira, de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, y de las autoridades indígenas con jurisdicción en esos municipios”. Para el alto tribunal, que revisaba una sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema, la situación es lamentable por las fallas en alimentación, salud y acceso al agua potable.
Las cifras son dicientes. En el 2013, la tasa de mortalidad por causas asociadas a desnutrición en menores de cinco años fue de 32,54 por cada 1.000 niños en el departamento, y el promedio nacional fue de 6,76. La información con la que cuenta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) indica que la desnutrición crónica en La Guajira llegó a 27,98 %.
Ante el desastre, la Corte emitió varias órdenes. Primero, que los indicadores de la tasa de mortalidad de menores de cinco años en La Guajira alcancen la meta establecida dentro del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Además, la sentencia afirma que “no es suficiente que las comunidades tengan a su disposición pozos o jagüeyes, si el agua que se obtiene de ellos no es apta para el consumo humano”. Las autoridades deben tomar medidas que generen cambios reales en la vida de todos los afectados.
En últimas, la sentencia de la Corte Constitucional se une al clamor de los colombianos por ver cómo La Guajira supera las difíciles condiciones. Por demasiado tiempo hemos visto cómo la corrupción, incompetencia y desinterés de las autoridades nacionales y locales vulneran los derechos del pueblo wayúu y de todos los que habitan ese departamento.
¿Qué hará el próximo presidente al respecto? Dentro de la larga lista de asuntos urgentes que esperan a quien triunfe el domingo entrante, La Guajira deberá contar con su atención inmediata desde el principio. El olvido estatal no puede perpetuarse y las intervenciones iniciadas por la administración de Juan Manuel Santos deben continuarse y profundizarse, buscando resultados tangibles.
La Guajira no aguanta más. No podemos seguir fallándole.
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