¿Y la justicia en el caso Andino?

Dos años después del atentado con explosivos en el centro comercial Andino, en Bogotá, que cobró la vida de tres mujeres y dejó heridas a otras ocho personas, los procesos contra los capturados por la Fiscalía siguen sin dar la primera condena. Además, han sido varias las irregularidades procesales que se han denunciado, frustrando a las víctimas, vulnerando los derechos al debido proceso de algunos de los implicados y mostrando la ineficiencia en la administración de una justicia oportuna y contundente.

El 17 de junio del 2017 es una fecha terrible y paradójica en la historia moderna colombiana: el mismo día en que las Farc entregaban sus armas estallaron unos explosivos en el centro Andino. La conmoción del país estuvo acompañada por la reacción rápida de las autoridades, que en pocos días capturaron a 11 personas a quienes acusaron de ser las autoras de los hechos y miembros del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP). Sin embargo, lo que ha visto el país desde entonces es una serie de dilaciones y errores que tienen en vilo la reparación a las víctimas y el entendimiento de qué fue lo que ocurrió.

El año pasado, un juez concluyó, en primera instancia, que las pruebas de la Fiscalía contra Mateo Gutiérrez no eran suficientes para comprobar su responsabilidad en varios atentados por los que estuvo capturado más de un año.

Unos meses antes, un juez había ordenado la liberación de casi todos los procesados por vencimiento de términos. Sin embargo, fueron inmediatamente recapturados, pues la Fiscalía argumentó tener nuevas pruebas que los relacionaban con el Eln.

Este año, apenas la semana pasada, un juez anuló parcialmente la acusación que se presentó contra Natalia Trujillo Nova, de 26 años. Aunque la Fiscalía dice que ella fue la que descargó por internet los planos del centro comercial Andino antes de que se perpetrara el ataque —motivo por el cual tiene medida de aseguramiento desde su captura—, el juez encontró que “se han transgredido garantías fundamentales en lo atinente al derecho de defensa y por consiguiente al debido proceso”.

En síntesis, el problema fue que la Fiscalía relata diez hechos en su acusación, pero en ningún momento vinculó a Trujillo. Como explicó Claudia Carrasquilla, directora nacional especializada contra el crimen organizado, de la Fiscalía, “no se cumplió el requisito de señalar cuál fue su participación en los hechos delictivos”. Entonces, el proceso se dilatará más para garantizar el derecho al debido proceso de Trujillo, como debe ser. Queda, sin embargo, la pregunta: ¿por qué la Fiscalía comete errores tan básicos? ¿Influye en algo el afán de mostrar resultados? ¿No había manera, si las pruebas son tan contundentes, de no permitir que los juicios tardasen tanto?

Es una situación sumamente frustrante porque el país necesita, al mismo tiempo, respuestas para las víctimas y que la justicia sea capaz de garantizar procesos bien hechos. ¿Cuánto tiempo más habrá que esperar para entender lo que ocurrió y quiénes estuvieron detrás de los hechos?

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* El Espectador

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