¿Y San Andrés?
Esta semana se cumplieron seis años desde que Colombia perdió el 40 % de su mar territorial. San Andrés ha sido el espacio más afectado y a los reclamos de los pobladores se une la crisis política que enfrenta la isla. ¿Está Colombia haciendo todo lo necesario por evitar futuros fallos en contra? ¿Y la isla está en las consideraciones de cómo llevar desarrollo a una zona con muchísimos problemas?
El Espectador
El 19 de noviembre del 2012, la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictó sentencia a favor de Nicaragua. En una disputa que tardó varios años e involucró a varias administraciones, Colombia salió perdiendo y desde entonces los nativos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina han visto reducidas sus opciones de pesca. Por eso, y porque, dicen los pobladores, los gobiernos nacionales no han dado alternativas, esta semana hubo marchas de no olvido. El mensaje es claro y doble: debe hacerse inversión en el archipiélago y el Gobierno tiene que ser muy cuidadoso con la demanda que sigue en la Corte y que podría quitar aun más territorio.
Carlos O’Neill, pescador de San Andrés, le explicó el problema a El Espectador: “Tengo un primo que estuvo detenido en Nicaragua por violar los límites marítimos cuando pescaba. Nos cuesta aceptar y entender que las aguas que nos dieron tanto ya no son nuestras. Quizás al país se le olvida lo que pasó, pero a nosotros no porque la realidad está aquí y nos recuerda que somos los únicos afectados”.
No se trata del único problema que enfrenta el archipiélago. A principios de octubre, la Fiscalía capturó a Ronald Housni, gobernador suspendido de San Andrés, y a la exgobernadora Aury Guerrero Bowie por presuntas irregularidades en la licitación de contratos por alrededor de $120.000’000.000. Con ellos también están siendo procesadas otras nueve personas.
Según el comunicado publicado por el ente investigador en aquel momento, “durante siete años desangraron las finanzas de San Andrés” mediante distintos actos de corrupción que afectaron la construcción de proyectos de infraestructura, colegios y otros ámbitos sensibles para la población.
Entonces, no es arriesgado decir que los últimos años han sido menos que óptimos para San Andrés.
La sensación que quedó en el país después del fallo de La Haya fue que los gobiernos descuidaron la defensa del Estado, una actitud que también se puede ver en las políticas públicas relacionadas con el archipiélago.
El problema es que no puede continuar así. A la crisis política y económica puede seguir una social, en un territorio que supuestamente es orgullo para todos los colombianos. Una vez pase la tormenta de los proyectos nacionales que están en el Congreso, haría bien el Gobierno en posar su mirada en San Andrés y sus alrededores para encontrar soluciones a largo plazo. No esperemos a que haya otra decisión para acordarnos de los isleños. yosoyespectador@gmail.com
El 19 de noviembre del 2012, la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictó sentencia a favor de Nicaragua. En una disputa que tardó varios años e involucró a varias administraciones, Colombia salió perdiendo y desde entonces los nativos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina han visto reducidas sus opciones de pesca. Por eso, y porque, dicen los pobladores, los gobiernos nacionales no han dado alternativas, esta semana hubo marchas de no olvido. El mensaje es claro y doble: debe hacerse inversión en el archipiélago y el Gobierno tiene que ser muy cuidadoso con la demanda que sigue en la Corte y que podría quitar aun más territorio.
Carlos O’Neill, pescador de San Andrés, le explicó el problema a El Espectador: “Tengo un primo que estuvo detenido en Nicaragua por violar los límites marítimos cuando pescaba. Nos cuesta aceptar y entender que las aguas que nos dieron tanto ya no son nuestras. Quizás al país se le olvida lo que pasó, pero a nosotros no porque la realidad está aquí y nos recuerda que somos los únicos afectados”.
No se trata del único problema que enfrenta el archipiélago. A principios de octubre, la Fiscalía capturó a Ronald Housni, gobernador suspendido de San Andrés, y a la exgobernadora Aury Guerrero Bowie por presuntas irregularidades en la licitación de contratos por alrededor de $120.000’000.000. Con ellos también están siendo procesadas otras nueve personas.
Según el comunicado publicado por el ente investigador en aquel momento, “durante siete años desangraron las finanzas de San Andrés” mediante distintos actos de corrupción que afectaron la construcción de proyectos de infraestructura, colegios y otros ámbitos sensibles para la población.
Entonces, no es arriesgado decir que los últimos años han sido menos que óptimos para San Andrés.
La sensación que quedó en el país después del fallo de La Haya fue que los gobiernos descuidaron la defensa del Estado, una actitud que también se puede ver en las políticas públicas relacionadas con el archipiélago.
El problema es que no puede continuar así. A la crisis política y económica puede seguir una social, en un territorio que supuestamente es orgullo para todos los colombianos. Una vez pase la tormenta de los proyectos nacionales que están en el Congreso, haría bien el Gobierno en posar su mirada en San Andrés y sus alrededores para encontrar soluciones a largo plazo. No esperemos a que haya otra decisión para acordarnos de los isleños. yosoyespectador@gmail.com