¿Y la seguridad?

La semana que pasó fue muy dura para el presidente Santos y nuestras Fuerzas Militares.

Tuvieron que recuperarse no sólo de unas duras emboscadas (Nariño y Arauca) por parte de las Farc, que dejaron a varios uniformados muertos, sino a la vez de crecientes críticas por la manera en que se está enfrentando la delincuencia armada. Es decir, por la inseguridad.

A la vez que la institucionalidad militar insiste en la persecución de objetivos estratégicos con el uso de la tecnología, la guerrilla cambia de estrategia y se enfoca a dar estos golpes selectivos pero sonoros, con los que nuestras Fuerzas lucen desconcertadas. El presidente Santos, a la vez, ha hablado de una puerta abierta al diálogo y su Unidad Nacional ha sido promotora de un proyecto de reforma constitucional bautizado como una “llave para la paz”. Pese al cambio de énfasis, de ministro de Defensa y de cúpula militar (intachable, lejos de cualquier lío de derechos humanos), no se obtienen resultados favorables y la ciudadanía comienza a inquietarse.

El propio presidente ha aceptado las fallas en las estrategias, en el cumplimiento de los protocolos y en la efectividad para evitar estos trágicos sucesos. Desde que se anunció el cambio en Defensa, expertos y medios afirmamos que los retos serían grandes: la creciente presencia de las bacrim, la inseguridad urbana, la ofensiva guerrillera y el cambio de estrategia. No podemos decir que estos retos no se han enfrentado, pero a nivel mediático la imagen luce desfavorable.

El gran reto, por obvias razones democráticas, viene con las elecciones de mañana. La Misión de Observación Electoral (MOE) ha dado unos datos contundentes: a 20 de octubre hay un total de 157 actos de violencia contra candidatos de muchas regiones: 41 asesinados, 87 amenazados, 22 damnificados por algún atentado y siete secuestros. En la aplicación del “Plan Democracia”, el de seguridad electoral, han muerto muchos uniformados: 47 en total. Las regiones más débiles son, por supuesto, las más alejadas del centro: las zonas fronterizas, en donde se sigue presumiendo una fuerte presencia guerrillera.

El asunto acá no es determinar si existen más o menos candidatos muertos que en las elecciones locales pasadas, sino analizar el problema de fondo que acontece en ellas. En ese sentido, no solamente se trata de “mantener la tranquilidad”, como asegura el presidente Santos, sino de una finalidad mucho más honda: proteger la legitimidad de los comicios. Que los candidatos estén desligados de la ayuda de grupos armados, que no existan amenazas a la ciudadanía, que el voto pueda ser, en fin, libre.

Falta esperar que el día de mañana se imponga la “tranquilidad” que asegura el presidente Santos. Es en estos momentos su esperanza más grande. El problema de seguridad, claro, va mucho más allá y el día de mañana será solamente la defensa de la punta del ‘iceberg’. De presentarse algún problema —que todos esperamos que no, como ha sido la constante en las últimas elecciones— no sólo se habrán de revaluar los protocolos y los planes de seguridad, sino todo, desde la base.

Es cierto que los ataques son selectivos y no necesariamente muestran un renovado poder de la guerrilla; también lo es que esos ataques pueden estar siendo utilizados políticamente, y no solamente por la guerrilla, para atacar al Gobierno más allá de la realidad. Pero para un gobierno que llegó al poder cabalgando sobre el mandato que heredó, la seguridad no puede ser tratada simplemente como un asunto de falsas percepciones y con partes de tranquilidad. Sencillamente porque la ciudadanía ya ha comenzado a inquietarse.

 

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