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La pérdida del grado de inversión es solo el resultado esperado de un país que no ha podido tener conversaciones productivas sobre su política fiscal. Después del estruendoso fracaso de la reforma tributaria presentada por el Ministerio de Hacienda y la dificultad para entablar diálogos conducentes a la terminación del paro nacional, la noticia de la decisión tomada por Standard & Poor’s (S&P) esta semana es un campanazo de alerta. Las fuerzas políticas en el Congreso, que han perdido su capacidad de liderazgo en medio del estallido social, deben aprovechar los nuevos vientos en el Ministerio de Hacienda para construir una nueva reforma fiscal que escuche los reclamos de la gente y avance en cambios estructurales que fortalezcan las finanzas colombianas, sedientas de solidez.
Para S&P, Colombia tenía una calificación de BBB- con perspectiva negativa y ahora estamos en BB+ con perspectiva estable. Eso quiere decir que perdimos el grado de inversión. Lo mismo ocurrió con varias empresas importantes del país, como Ecopetrol, Grupo Sura, Isagen, Ocensa y Davivienda, y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Findeter. En términos prácticos, la decisión de la calificadora tiene principalmente dos consecuencias: que las tasas de interés en los préstamos al país subirán y que puede ser más difícil atraer inversión extranjera.
Como explicó el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, “la calificadora S&P rebajó un escalón la calificación de riesgo de Colombia debido a la expectativa de un ajuste fiscal más gradual y prolongado en el contexto de los desafíos que ha implicado la pandemia”. Por eso, insistimos, el punto más importante no es la calificación, sino entender que Colombia no puede seguir equivocándose ni jugando a la política mezquina en el momento de definir la nueva reforma tributaria. Como escribió el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry: “Con la economía en ascuas, ¿de qué sirve el grado de inversión? Es como tener una cereza en la crema del postre sin tener ni sopa ni seco”.
Hay que reconocer errores. Por fortuna, el cambio en el Ministerio de Hacienda demuestra un importante viraje en el tono y la estrategia de la administración de Iván Duque. El ministro Restrepo ha iniciado importantes acercamientos con todos los sectores políticos y también ha fomentado escuchar a los jóvenes y a los manifestantes. Igualmente dejó claro que su objetivo con la nueva reforma va a ser evitar sobrecargas a la clase media y a las personas más vulnerables. Si a eso se le suma la inclusión de varias de las propuestas de académicos sobre cómo recaudar más impuestos a través de un sistema de tributación progresiva, podemos estar ante una oportunidad histórica.
Sin embargo, no es solo el Gobierno el que tiene que ceder. Estamos en año preelectoral y eso se nota en las prioridades de muchos congresistas y líderes de partidos políticos. Aprovechando la debilidad de la administración Duque ante el estallido social, no muestran voluntad de construir políticas fiscales razonables. No es responsable esperar a un cambio en la Casa de Nariño para enmendar los problemas del país y el hueco fiscal al que nos enfrentamos. Es, además, un mal cálculo político sabotear el proceso de una nueva reforma para obtener réditos electorales: sea quien fuere el próximo gobierno y el próximo Congreso, la crisis económica estará ahí y, si no hacemos nada, agravada.
Le estamos pidiendo madurez a un liderazgo político que no la ha mostrado en el pasado, pero eso es lo que necesita Colombia. No solo para superar el paro, sino para que dejemos de supeditar las políticas fiscales a los caprichos de cada momento.
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