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Ha sido una semana histórica para las víctimas colombianas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Siguiendo la noticia de la condena contra el Estado por el genocidio de la Unión Patriótica, este martes el Gobierno Nacional, representado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, reconoció su responsabilidad por los desaparecidos durante la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín. Después de años de negacionismo estatal a lo que fue una criminal connivencia de los paramilitares con el Ejército y la Fuerza Pública, tiene un enorme poder simbólico que Colombia asuma su responsabilidad. En vísperas de la condena en la instancia internacional, la justicia nacional tiene muchos pendientes.
El caso ante la CorteIDH es el de Arlés Édison Guzmán, a quien los paramilitares desaparecieron durante la Operación Orión. Su esposa, Luz Enith Franco, lleva 20 años exigiendo respuestas, pero ni la Fiscalía, ni la justicia ordinaria, ni varios gobiernos nacionales quisieron prestarle atención a su caso. Junto con el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) llevó el caso a instancias internacionales, donde logró que primero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconociera que el Estado colombiano debe ser considerado responsable por este caso y por violaciones a los derechos en el marco de lo ocurrido en la Operación Orión. Ahora, en audiencia ante la CorteIDH, Franco escuchó al Estado darle la razón.
En palabras de Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, “el Estado colombiano reconoce su responsabilidad internacional por la desaparición forzada del señor Guzmán Medina y la falta de diligencia en la investigación penal en estos hechos (...). Hoy el Estado se encuentra aquí para asumir la responsabilidad por haber fallado. En nombre del Estado colombiano pido perdón por el sufrimiento que la desaparición forzada de Arlés Édison y la falta de respuesta de las autoridades ha generado en las víctimas. Soy consciente del impacto que este suceso ha tenido en sus vidas. El dolor causado por la desaparición de un ser querido es algo que no puedo describir”. Con esto se espera que la CorteIDH, así como lo hizo en el caso de la Unión Patriótica, condene a Colombia por las décadas de inacción y franca negligencia.
Hay, en este caso particular, un resumen de lo terrible que ha sido el Estado colombiano con las víctimas. Como la seguridad democrática que amparó la Operación Orión ha sido defendida a toda costa, personas como Franco, que solo buscan justicia y saber qué ocurrió con sus desaparecidos, han sufrido durante años una tortuosa estigmatización. Cuando lo único que debía hacer el Gobierno era lo que hizo la administración de Gustavo Petro: reconocer de frente los errores y comprometerse a dar respuestas. Porque Orión dejó más de cien desaparecidos y sabemos que los paramilitares hicieron de las suyas bajo la excusa de “ayudar” al Estado a recuperar el control en Medellín. ¿Cómo tardamos tanto, como país, en enfrentar la realidad?
Queda, por supuesto, todo el trabajo por hacer: no solo abundan las víctimas de desaparición forzada por Orión, sino que los procesos judiciales no han esclarecido los hechos. Es tiempo de que el Estado cumpla lo que fue a prometer ante la CorteIDH.
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