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Si la Corte Constitucional quiere evitar que por lo menos setenta mujeres mueran cada año en abortos clandestinos, lo puede lograr tomando una decisión sobre el aborto libre. Si la Corte desea demostrar que sigue estando comprometida con la protección de los derechos fundamentales y la salud de las mujeres, lo puede lograr tomando una decisión sobre el aborto libre. Si la Corte pretende sacudirse los cuestionamientos a su legitimidad que se han fomentado gracias a una avalancha de recusaciones y entorpecimientos a un proceso que debió fallarse hace meses, hoy puede ser el día de tomar una decisión. Si, en cambio, triunfa el ala conservadora, motivada desde la presidencia de la Corte Constitucional, estarán condenando a las mujeres del país a tratos inhumanos y angustias crueles. ¿Todo para qué?
Ha sido extraño el proceso de la Corte Constitucional con el aborto libre. Al magistrado Alejandro Linares lo recusaron por un comentario ligero en una entrevista en medios de comunicación, pero la ahora presidenta de la Corte, Cristina Pardo, quien en el pasado ha tenido pública cercanía con el Partido Conservador y posiciones antiaborto, tardó hasta la semana pasada para declararse impedida. Curiosamente, puede que la decisión final, que esperamos se tome hoy, esté dominada por Pardo y el conjuez Julio Ossa, muy cercano a la presidenta de la Corte. El alto tribunal debe recordar que en todo su actuar es fundamental proteger la legitimidad de las instituciones.
Más allá del ruido procesal, la Corte debería tomar ya una decisión y avanzar en la protección del aborto libre. Sobre la mesa tiene múltiples propuestas. Las dos demandas que estudian los magistrados buscan la eliminación del delito del aborto. Esa sería una medida sabia: ninguna mujer tiene que ser amenazada con la cárcel por tomar decisiones sobre su cuerpo. Pero si el alto tribunal desea entablar una negociación, El Espectador ha contado cómo los ponentes de las dos decisiones han propuesto un sistema de aborto libre por semanas, como ha ocurrido en otros países. En todo caso, sería una situación mucho mejor a la que tenemos ahora.
En este debate hay que volver siempre a lo básico. La realidad es que las mujeres tienen obstáculos administrativos y sociales para acceder al derecho del aborto. El sistema de causales funcionó en un momento en el tiempo, pero se ha quedado corto. Hay mujeres muriendo por abortos clandestinos; hay mujeres llevando a término embarazados indeseados por falta de acceso al sistema de salud; hay niñas y adolescentes embarazadas que no pueden acceder a abortos por culpa del desconocimiento y la oposición de las EPS. Esto es una crisis de salud pública, una limitación indebida de la autonomía de las mujeres y hechos suficientes para ameritar un avance jurisprudencial en el alto tribunal.
Es momento. El Congreso no hará nada. Si los magistrados deciden atrincherarse en el estado de cosas actual, serán cómplices de la angustia de cientos de miles de colombianas cada año. ¿Qué fin constitucional cumple el sufrimiento innecesario?
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