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¿En qué país estamos? Un ciudadano muere a manos de dos policías que claramente excedieron sus funciones y abandonaron los protocolos debidos de respeto a la dignidad humana, la alcaldesa de la capital se declara impotente ante una Policía que no quiere reformarse y las autoridades se dan golpes de pecho, pero insisten en el ya gastado discurso de que este es “un tema que toca mirar a nivel individual”, como dijo en Noticias Caracol Gustavo Moreno, subdirector de la Policía Nacional. Insistimos: ¿en qué país estamos? ¿Qué está ocurriendo cuando quienes ejercen el poder no están siendo grabados? ¿Por qué, pese a los casos que ocurren y ocurren y vuelven a ocurrir, no hay reformas estructurales que funcionen? ¿Cómo le piden a la ciudadanía que confíe en una institución irreflexiva, a menudo arrogante y que al ofrecer disculpas se siente cómoda invocando sus estrategias pedagógicas que no están funcionando?
Javier Ordóñez tenía 44 años y era padre de dos hijos, uno de 15 y otro de 11 años. Hasta donde sabemos, salió a beber alcohol y estuvo involucrado en una riña. Los policías dicen que los agredió cuando intentaron controlarlo y por eso tuvieron que recurrir a los tasers. Pero, sea cual fuere el origen, el video ciudadano muestra una historia cruel: una vez sometido, Ordóñez pide misericordia, pero los policías siguen atacándolo sin clemencia. Serán Medicina Legal y un juez los encargados de definir qué ocurrió exactamente, pero no hay que esperar una sentencia para conocer lo obvio: se trató de un uso desmedido de la fuerza, un acto de violencia y arrogancia por personas portando el uniforme de la Policía Nacional, una agresión del Estado en un país que lleva meses sufriendo por la violencia. En medio de tantas masacres que se han llevado a ciudadanos y miembros de la Fuerza Pública, no esperábamos que las autoridades se convirtieran en perpetradoras.
Hay varios indicios de malas prácticas. Lo ocurrido no se puso en la minuta de los hechos. Es decir, de no haber existido el video: ¿Colombia sabría hoy que dos policías se excedieron y al parecer causaron la muerte de Ordóñez? Como dijo Moreno, “indudablemente hubo un exceso de autoridad que se está investigando en este momento”.
El rechazo institucional ha sido contundente, como tenía que serlo. La Policía Nacional “rechaza todo tipo de acción que realice un policía y que afecte la vida y la integridad de los ciudadanos”. La Fiscalía General de la Nación priorizó el caso de Ordóñez para esclarecer los hechos. El Ministerio de Defensa dijo que “condena cualquier acto de un miembro de la Policía que incurra en violaciones a la ley o desconocimiento de los reglamentos internos”, y anunció investigación disciplinaria.
Sin embargo, queda el sinsabor de que este guion es conocido. Ocurre el horror, hay golpes de pecho, se buscan responsables, a menudo se refunden los casos (como lo que está en riesgo de ocurrir con Dilan Cruz) y... nada cambia.
La alcaldesa distrital, Claudia López, escribió en su cuenta de Twitter que “desde (la administración) hemos rechazado y denunciado el abuso policial, pero en el interior de la Policía no se toman medidas serias”. Esa es la sensación que les queda a muchos ciudadanos. Solo cuando hay escándalos virales, la Policía ofrece disculpas. Pero hay pendiente una discusión de reforma estructural, de pensar nuevos medios de pedagogía e, incluso, de modificar y limitar los campos de acción de una institución como la Policía. Claramente, esa conversación no la tendremos porque, como dijo el subdirector de la Policía, “es un tema que toca mirar a nivel individual”. Seguimos buscando la fiebre en las sábanas.
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