Sobre su editorial del 21 de septiembre de 2026, titulado "La paz necesita instituciones robustas y capaces", quiero expresar mi conformidad con la medida de reducción presupuestal, como víctima del conflicto armado causado por la guerrilla, que desplazó a mi familia. Sin embargo, la brecha entre las expectativas de justicia de la sociedad civil y la ejecución institucional mantiene abierta la controversia sobre su efectividad real.
Los principales argumentos que sostienen quienes consideramos que el tribunal ha fracasado se detallan a continuación:
1. Lentitud extrema y falta de resultados definitivos. Después de casi una década de operaciones desde su implementación en el marco del Acuerdo de Paz, la JEP ha emitido muy pocas sentencias condenatorias definitivas.
2. Alto costo económico frente a baja eficiencia. El tribunal es percibido por amplios sectores políticos y económicos como un ente burocrático y de despilfarro, en medio de las fuertes crisis fiscales que enfrenta Colombia. El presupuesto que consume la JEP contrasta drásticamente con el rezago de sus fallos y con las necesidades de la justicia ordinaria, la cual enfrenta un inventario de más de dos millones de procesos represados. Esto ha generado debates en el Congreso para recortar drásticamente sus recursos económicos.
3. Percepción de impunidad. A diferencia de la justicia ordinaria, la JEP aplica el modelo de justicia transicional, en el que el reconocimiento de la verdad y el cumplimiento de determinadas condiciones pueden evitar que los responsables cumplan penas de prisión ordinarias. En su lugar, se imponen sanciones que resultan una ridiculez. Para gran parte de la opinión pública y de las propias víctimas, esto constituye una burla, pues consideran que se está premiando a delincuentes que han causado un gran daño al país.
4. Desbalance institucional. La marcada asimetría en la distribución de las investigaciones genera la percepción de que los procesos avanzan de forma mucho más severa y rápida en contra de los agentes estatales que en contra del antiguo Secretariado de las FARC, cuyos líderes gozan de participación política activa en el Congreso sin haber cumplido sanciones. El tribunal ha terminado operando, según esta perspectiva, como un "escampadero" legal para figuras de la política convencional o de la criminalidad común que buscan acogerse a sus beneficios argumentando nexos remotos con el conflicto armado.
En conclusión, un tribunal financiado con recursos públicos no puede justificar demoras indefinidas si su operatividad no se traduce en fallos concretos.
Francis Yair
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