El año que se fue

El crecimiento de 2018 parece que fue un pobre 2,6 %, según la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL). Al mismo tiempo, la inflación se mantuvo moderada en 3,2 % sin ningún activismo por parte del Banco de la República, que había alcanzado su tasa de interés neutra, o sea la que no genera inflación, pero tampoco frena la economía, que ya estaba bastante fría. El Gobierno pasó a ofrecer una gabela a los trabajadores de salario mínimo, al sancionar un aumento del 6 % (2,8 % real, por encima de la inflación), cumpliendo la promesa de campaña de Uribe-Duque de menos impuestos y más salario.

Lo de menos impuestos fue más en serio que lo del salario. En efecto, se espera que la reforma tributaria aumente el recaudo en solo $7 billones, extraídos de la clase media y marginalmente de los altos patrimonios, pero los regalos sin ton ni son a las empresas suman más de $9 billones, rompiendo el principio de equidad y el de eficiencia (dificultando la administración del sistema); propicia así la evasión y la elusión de quienes disponen de expertos tributarios. Se vuelve a evidenciar el derecho de las élites a depredar las finanzas del Estado y reducir el recaudo cuando se necesita urgentemente aumentarlo, dada la magnitud del déficit fiscal que mostraremos más adelante.

Hay que resaltar que la presión ejercida por la oposición y los intelectuales públicos hizo naufragar el IVA a los pobres, justificó los impuestos saludables sobre las gaseosas y la cerveza, el tributo sobre la riqueza y ayudó a subir un poco el correspondiente a los dividendos. Aunque el ministro se ufanó de que las críticas le resbalaban, fueron bastante eficaces para tumbarle los rasgos mas regresivos a su reforma y dejarlo aún más debilitado. Quedó hecho un “pato cojo”, en el decir de los anglosajones, convirtiéndose en otro pasivo para los muchos que acumula el gobierno de Duque.

Si el ministro Carrasquilla aducía que el presupuesto que le dejó Mauricio Cárdenas estaba corto en $14 billones —algo que no se sabe de dónde sacó—, después de la “ley de financiamiento” estarían faltando $16 billones. Lo que sí es conocido es que el déficit fiscal del Gobierno central calculado por el marco fiscal de mediano plazo para 2019 alcanza el 2,2 % del PIB, que son más de $25 billones, cifra que aumentará con la deficiente reforma tributaria aprobada por el Congreso. De esta manera, el Gobierno se obliga a aumentar la deuda pública, tanto interna como en dólares, y a presentar otra reforma más seria cuando se lo dicte el mercado internacional de capital.

El Gobierno comenzó con buena suerte, pues el precio del petróleo se subió hasta US$80 el barril, pero se destorció a partir de noviembre para cotizar a US$48 en la actualidad. La presión sobre el peso se mantuvo, favoreciendo a los exportadores y encareciendo las importaciones, pero sin alcanzar un equilibrio. Por el contrario, el déficit en cuenta corriente que mantenemos con el resto del mundo se trepó de US$10.500 millones en 2017 a más de US$12.000 proyectado para 2018, revelando que persiste el exceso de gasto crónico de la economía; en otras palabras, el sector privado, pero sobre todo el sector público, no está ahorrando lo necesario para mantener la macroeconomía en equilibrio. Con la reforma tributaria aprobada —que obviamente desahorra más— se están sembrando nuevas tempestades.

Pensaba, hasta hace poco, que Carrasquilla era un economista serio y responsable.