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Sigamos indagando sobre las turbias actividades y complicadas relaciones del señor gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, como lo hemos hecho las semanas anteriores.
Desde hace más o menos un año se ha generado una serie de denuncias sobre el volteo ilegal de tierras en Cundinamarca, a cargo de una red encabezada por el hoy gobernador Rey y su pupilo, Jorge Enrique Machuca, actual gerente de la Empresa de Licores del departamento.
Vamos para atrás.
Antes de estos prestigiosos cargos, Rey y Machuca fueron alcaldes de Funza uno tras del otro. El cartel del volteo de tierras, como lo han denunciado Daniel Coronell, La Silla Vacía y el congresista Carlos Fernando Galán, comenzó a tejerse cuando el hoy gobernador fue alcalde de Funza. (Ver El rey de Cundinamarca).
La operación consistió en cambiar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) o expedir planes parciales que modifiquen el uso de la tierra de rural a urbano, para vender en metros lo que se compró en hectáreas, todo con la complicidad de concejales, alcaldes y funcionarios de la CAR de Cundinamarca.
Durante la alcaldía de Rey Ángel estallaron varios escándalos de corrupción por estos hechos que fueron rápidamente ahogados. El dúo Rey-Machuca se hizo famoso, entre otros actos irregulares, por el no cobro de plusvalía para favorecer a un particular y por las supuestas coimas que recibieron de varios propietarios de tierras para otorgar usos de suelo y licencias de construcción de parques industriales.
Tanto así que, durante la alcaldía de Rey, Machuca, su mano derecha, se ganó, según varias fuentes consultadas, el apodo del “hombre del maletín”, por ser, supuestamente, quien se encargaba de recibir las sumas millonarias de los dueños de los predios.
La justicia tendrá que investigar todas esas graves acusaciones para limpiar el nombre de estos funcionarios de esos horribles alegatos.
Pero ahí viene el problema.
Aunque el gobernador de Cundinamarca ha sido mencionado en varias denuncias por estos hechos, nada ha sucedido ya que la mayoría de las investigaciones por volteo de tierras quedaron en el escritorio del exdirector anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno Rivera.
Moreno, encarcelado en Miami desde su extradición en mayo pasado, enfrenta un juicio en los Estados Unidos por los delitos de lavado de dinero y fraude electrónico después de ser grabado por la DEA recibiendo sobornos del exgobernador de Córdoba para ahogar la investigación en su contra.
Moreno Rivera develó la existencia de otro cartel en el que se encargaban de dilatar expedientes utilizando información privilegiada de la Corte Suprema y la Fiscalía, desapareciendo evidencias, montando estrategias para restarles credibilidad a testigos y obteniendo decisiones con apariencia de legalidad.
Todo a cambio de dinero.
Entre los cómplices de Moreno figuran, entre otros, personas como el expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, el exmagistrado Gustavo Malo y el exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez.
Tan cercana era la relación del corrupto Moreno y el exmagistrado Bustos, que el exfiscal anticorrupción confesó que le regaló un costoso reloj Cartier de 43 millones de pesos como parte de pago de uno de los servicios ilegales prestados por Bustos Martínez a la organización criminal en diciembre de 2012.
Acá viene la sorpresa.
El 20 de febrero de 2017, pocas semanas después de iniciada la investigación por el volteo de tierras por parte de la Fiscalía Anticorrupción manejada por Moreno en contra del señor Rey Ángel, este último contrató con dineros públicos como asesor de la oficina jurídica de la Gobernación de Cundinamarca al exmagistrado Leonidas Bustos por un contratico de 87 millones de pesos. (Ver Contrato de prestación 008).
El propio Bustos Martínez era quien enviaba informes de gestión dirigidos al secretario jurídico del departamento de Cundinamarca, Germán Enrique Gómez González, actualizándolo sobre sus acuciosas investigaciones.
El 31 de marzo de 2017 le informó que estaba trabajando, entre otras, en los estudios, investigación y proyección jurídica de las consultas enviadas el 15 de marzo de 2017, correspondientes a la procedencia de designación de alcaldes interinos con ocasión de medida de aseguramiento; posible enajenación de la posición fiduciaria del Gobierno Departamental en el patrimonio autónomo del Virrey Espeleta; la disolución y liquidación de asociaciones en las cuales el Gobierno o agentes de este ostentan participación accionaria; la aplicación de la ordenanza 013 de 1947”. (Ver Bustos Martínez Consultores).
De 1947, óigase bien.
Interesante que el abogado Bustos Martínez al parecer estaba haciendo mucho y nada. Por eso mismo su reporte del 25 de julio de 2017 es casi idéntico excepto que ya no estaba trabajando en la ordenanza de 1947. (Ver Factura No. 6).
El 27 de junio de 2017 el exfiscal Gustavo Moreno fue capturado en su propia oficina, ante los ojos atónitos de sus subalternos y otros funcionarios de la Fiscalía.
El 19 de septiembre de ese año Moreno empezó a prender su ventilador y vinculó en la red criminal al expresidente de la Corte Leonidas Bustos. Tres días después, el 22 de septiembre se terminó, de mutuo acuerdo, el acuerdo entre el abogado Bustos Martínez y la Gobernación de Cundinamarca.
Evidentemente, para ese momento, ya el gobernador Rey Ángel no necesitaba análisis de las ordenanzas de 1947, y las otras cositas en las que le servía el corrupto exmagistrado.